OPOSICIÓN DEL CLARÍN
- [B]Clarín, que cuestiona[/B]la constitucionalidad de la ley, considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor grupo multimedia del país.
La Jefatura de Gabinete de ministros de Argentina pidió habilitar la actividad judicial durante el receso vacacional de enero para que los tribunales se aboquen a resolver el litigio por la ley de medios audiovisuales que enfrenta al Gobierno y al grupo Clarín, según fuentes oficiales.
El pedido se formalizó a primera hora ante la Justicia y se espera que los tribunales resuelvan con celeridad el asunto, con una “respuesta que podría conocerse pronto”, informó la Presidencia en su página web.
Con la solicitud de habilitación, el Gobierno pretende que en enero se complementen trámites procesales para que, al reiniciarse la actividad judicial en febrero, la Cámara Federal Civil y Comercial esté en condiciones de resolver si la ley de medios es constitucional o no en la causa iniciada por Clarín, el mayor grupo multimedia del país.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), organismo oficial encargado de hacer cumplir la ley de medios, ya presentó el viernes pasado un pedido similar para que se habilite la actividad de los jueces en enero ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Cámara Federal Civil y Comercial.
A finales del año pasado, la Corte Suprema volvió a denegar un recurso extraordinario solicitado por el Gobierno argentino para expedirse sobre la constitucionalidad de la norma.
El máximo tribunal confirmó, además, la vigencia de una medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a solicitud del grupo Clarín.
Esa medida cautelar mantiene frenada la aplicación de los artículos de la ley de medios audiovisuales que obligan a los grupos a desinvertir en caso de que estén excedidos en el número máximo de licencias de radio y televisión permitido por la norma.
De acuerdo con lo dispuesto por la Corte, la medida cautelar estará vigente hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la ley, aprobada hace tres años.
La ley de medios audiovisuales fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar. La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable----------------.
