EL GOBIERNO en su afán de mejorar el sistema tributario acabará con una industria que en los próximos años podría aportar millones de dólares a la economía nacional.
Este es el pensar de los miembros del Colegio de Profesionales Forestales y Ciencias Ambientales de Panamá (ANTEFORP), quienes recomiendan a las autoridades mantener el sistema de incentivos a la reforestación (Ley 24 y Decreto No. 89) por los próximos 15 años, pero aplicando fuertes controles y auditorías a las empresas para evitar la evasión fiscal.
José Rojas, presidente de ANTEFORP, señala que ya han enviado tres documentos al presidente Martín Torrijos, donde se detallan las ventajas de mantener la ley de incentivos.
Rojas indica que eliminar la Ley 24 de 1992 acabará sencillamente con la oportunidad que tiene el país de convertirse en los próximos años en una potencia en lo relacionado con la exportación de madera.
Dentro de la carta, enviada al Presidente de la República, se destaca el hecho de que en tan sólo 9 años de vigencia de la ley de incentivos se han reforestado 45,000 hectáreas, generado 63,000 empleos por año, con una inversión de 4.4 millones por año.
Rojas explica que ya enviaron una serie de recomendaciones al pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, entre ellas la descentralización de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en lo que al servicio forestal se refiere, creando un nuevo instituto.
Además piden que se incrementen los controles fiscales y auditorías a empresas tales como los puertos, la distribución eléctrica, la telefonía, la Zona Libre y distribuidores de combustible.
