El gobierno del presidente Néstor Kirchner admitió ayer la responsabilidad del Estado argentino en la "violación de los derechos a la vida" al no haber prevenido un atentado con explosivos contra una asociación judía y, ofreciéndoles una reparación, pidió perdón a los familiares de los más de 80 muertos y más de 300 heridos.
La posición fue expresada por Alejandro Rúa, un representante personal de Kirchner, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El atentado ocurrió en Buenos Aires en julio de 1994 contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas.