El Gobierno de Colombia debe investigar las amenazas de muerte contra una coordinadora de la OEA en ese país y verificar la desmovilización de paramilitares para prevenir esos incidentes, dijo hoy Human Rights Watch.
La organización humanitaria reaccionó así a la amenaza de muerte que recibió la coordinadora de una de las oficinas en la ciudad de Medellín de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP).
La misión fue creada en 2001 por la Organización de Estados Americanos (OEA) para verificar las negociaciones del Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Esta amenaza sugiere que actores armados en Medellín se vuelven cada vez más osados, tanto que ahora se sienten lo suficientemente cómodos para intimidar hasta a los observadores internacionales", dijo José Miguel Vivanco, director del programas de las Américas de Human Rigths Watch (HRW).
El Gobierno del presidente lvaro Uribe "debe responder sin equívoco y realizar investigaciones plenas y eficaces para llegar al fondo del asunto", pidió Vivanco en un comunicado.
Durante una visita reciente a Medellín, señaló Vivanco, expertos de HRW recibieron "múltiples informes" sobre continuas amenazas de muerte, extorsión y violencia contra líderes comunitarios y residentes locales por parte de paramilitares y grupos afines en esa ciudad.
"Pese al proceso de desmovilización y un descenso significativo en homicidios en años recientes, elementos armados continúan ejerciendo un gran control en barrios bajos de la ciudad" y con frecuencia los residentes de la zona señalan como responsables de las amenazas a personas vinculadas con los paramilitares, agregó.
Vivanco denunció que la amenaza de muerte contra la funcionaria de la OEA, a la que no identificó, se produjo después de otras intimidaciones y presiones contra comunidades de la zona.
El incidente "debe servir como un llamado de alerta a las autoridades locales y nacionales para que hagan mucho más por frenar el control de grupos paramilitares en Medellín", aconsejó el experto.
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Según el jefe de la MAPP, el argentino Sergio Caramagna, la amenaza fue pronunciada por un motociclista desconocido que el 13 de noviembre le aconsejó a la funcionaria que abandonara Medellín o se atuviera a las consecuencias.
En declaraciones a la cadena Caracol Radio, Caramagna indicó que en ese caso los responsables pueden ser bandas del narcotráfico o ex paramilitares, al aludir a las hipótesis que se han planteado las autoridades.
