Los grupos piqueteros de pobres y desocupados más radicalizados ponían a prueba ayer en varias marchas en el centro de la capital argentina un nuevo plan oficial para prevenir incidentes, con unos 1,500 policías que por primera vez estaban desarmados.
Las movilizaciones de millares de activistas se realizaban en rechazo a la sanción de un duro código de convivencia en la capital argentina y contra la votación de una ley fiscal que limita los gastos de las provincias, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Columnas de entidades piqueteras, de la central obrera combativa CTA, de partidos de izquierda y de organizaciones de estudiantes, ocuparon durante varias horas calles y avenidas del centro de Buenos Aires hasta concluir la marcha en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada y el Congreso.
Entre los puntos de concentración figuraron el Palacio de los Tribunales, la Legislatura porteña (parlamento comunal) y las estaciones de tren.
El gobierno instrumentó una nueva estrategia de prevención, luego de los severos incidentes ocurridos el 16 de julio pasado en el edificio de la Legislatura, que derivaron en la renuncia del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y generaron la primera crisis del gobierno de Kirchner.
Las autoridades desplegaron a unos 1,500 los efectivos policiales a cargo de la custodia de edificios públicos y áreas estratégicas, donde se reforzaron las vallas metálicas para evitar ataques, pero sin que los uniformados portaran su arma de fuego.
Daniel Paiva, hijo del dueño del supermercado, echó la culpa de la tragedia al gerente de operaciones, quien falleció en el siniestro.
"Yo no ordené el cierre de puertas porque yo no estaba en el momento del incendio. La máxima autoridad en mi ausencia era Vicente Ruiz", el gerente de operaciones que murió en la tragedia".
"Solo cuando hay apagones existe la orden de cerrar puertas", indicó ante una batería de periodistas que trataban de entrevistarlo.
