El proyecto de derechos humanos presentado por el presidente chileno, Ricardo Lagos corre el riesgo de suspender los juicios contra militares del gobierno del dictador Augusto Pinochet y enterrar para siempre los crímenes cometidos en la época de la represión, denunciaron Amnistía Internacional y ex presos políticos chilenos.
Ayer, terminó el plazo concedido por el gobierno chileno para que las víctimas de torturas o cárcel durante la represión, se inscribieran en listas que les permitirán recibir una indemnización "simbólica y austera".
Sólo se han recibido 26,000 solicitudes pese a que organizaciones de derechos humanos calculan las víctimas entre 300,000 y 400,000.
Entre las medidas anunciadas por Lagos en agosto se contempla la posibilidad de eximir de parte de su responsabilidad a los militares que aseguren haber actuado cumpliendo órdenes o a las personas que se presenten voluntariamente para dar información sobre víctimas o circunstancias de asesinatos o desapariciones.
