La esperada orden ejecutiva del presidente estadounidense, Barack Obama, para proteger de la deportación a millones de inmigrantes ilegales en EE.UU. tiene precedentes, ni más ni menos que de presidentes republicanos.
Debate
- Los republicanos en la Cámara de Representantes se hallan sumidos en un intenso debate sobre la manera de responder a la inminente acción ejecutiva del presidente de Estados Unidos Barack Obama en el tema migratorio, y los líderes del Partido Republicano se muestran ansiosos por diseñar una solución que satisfaga las exigencias de sus miembros más conservadores.
Dos de los últimos tres presidentes republicanos -Ronald Reagan y George H.W. Bush- hicieron lo mismo al extender amnistía a familiares que no estaban cubiertos bajo la última reforma importante a la ley de inmigración, de 1986.
No hubo entonces explosiones políticas comparables con las que amenazan con provocar ahora los propios republicanos.
Bajo la influencia del movimiento ultraderechista Tea Party, el Partido Republicano promete reaccionar enérgicamente si Obama cumple su promesa. El presidente quiere extender la exención de deportación a millones de padres y cónyuges de ciudadanos y residentes, así como ampliar su programa, en vigor desde hace dos años, que protege a los inmigrantes traídos al país cuando eran niños.
“La temeridad de este presidente que se cree capaz de destruir de un plumazo el imperio de la ley me resulta incomprensible”, dijo el representante Steve King, republicano por Iowa, que se opone a cualquier flexibilización de la ley inmigratoria. “Es anticonstitucional, es cínico y es contrario a la voluntad del pueblo estadounidense”.
Estos sentimientos vehementes son comunes entre los legisladores republicanos. Los líderes del partido advierten que una orden ejecutiva de Obama envenenaría el pozo e iría en contra de la disposición republicana de colaborar con el presidente durante sus dos últimos años de mandato.
Algunos republicanos han mencionado la posibilidad de un juicio político.
Hace casi tres décadas, casi no hubo objeciones cuando Reagan y Bush utilizaron su autoridad para dar amnistía a cónyuges e hijos menores de inmigrantes beneficiados por la ley de 1986.
Ese año, el Congreso y Reagan aprobaron una reforma amplia que dio estatus legal a unos tres millones de inmigrantes que carecían de autorización para estar en EE.UU. si habían llegado antes de 1982. Sus cónyuges e hijos que hubieran llegado posteriormente no estaban cubiertos por la ley, lo cual provocó protestas de que la norma dividía a las familias.
Tal como sucede hoy, en 1989 el Senado aprobó una medida para extender el estatus legal a las familias, pero la Cámara baja no la discutió. A través del INS, Bush propuso una política de “justicia familiar” que ponía en vigencia la medida del Senado. El Congreso la convirtió en ley a fines de ese año como parte de una reforma inmigratoria más amplia.
