El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reaccionó a la histórica condena de un ex coronel del ejército, declarado culpable por la desaparición forzada de once personas, proponiendo una ley especial para proteger a los militares.
“El Gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los derechos humanos", dijo el mandatario en un mensaje transmitido por radio y televisión.
Uribe advirtió, además, que la condena en contra del coronel Alfonso Plazas estaba generando “profundo dolor y desestímulo en los integrantes” del ejército.
También instó a no olvidar que la acción militar bajo escrutinio se había dado en respuesta a “un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época”.
Al menos once personas desaparecieron durante un operativo el 7 de noviembre de 1985, que tenía como objetivo arrebatarle el control del Palacio de Justicia de Bogotá a un comando del movimiento guerrillero M-19.
El operativo se saldó con más de un centenar de muertos y numerosos desaparecidos, en su mayoría empleados y visitantes de la cafetería de la sede judicial. Estos últimos –varios videos los mostraron saliendo con vida del Palacio de Justicia una vez concluido el operativo- se convirtieron en un caso emblemático para las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, que celebraron la condena como una “fallo histórico” que estaba rompiendo con “años de impunidad”.
Los cálculos más conservadores estiman que en Colombia se han registrado cerca de 20,000 desapariciones forzosas en los últimos 30 años.
“La desaparición forzada es un delito de carácter permanente y en este caso se apeló a los tratados internacionales que ha suscrito Colombia en materia de derechos humanos”, dijo el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.
