El gobierno de Colombia lanzará esta semana una ofensiva en defensa del proyecto de ley que da libertad condicional a miembros de grupos armados ilegales que se acojan a un plan de paz, mientras arrecian las críticas de organismos internacionales que lo consideran un aval a la impunidad.
El consejero de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, viajará esta semana a Washington para reunirse con miembros del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos a fin de explicar los alcances del proyecto, que es férreamente rechazado por organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
"El tema es muy difícil, lo que se necesita es un debate constructivo, que nos ayude todo el mundo a buscar alternativas", expresó ayer el presidente Alvaro Uribe, al defender el proyecto como una iniciativa legal y transparente para lograr la desmovilización de los grupos armados ilegales.
La iniciativa, presentada el pasado 21 de agosto al Congreso, contempla la suspensión de la pena se concederá bajo supervisión por un periodo de prueba entre uno y cinco años y comprenderá única y exclusivamente los delitos que hayan sido juzgados o hayan sido objeto de sentencia anticipada.
El gobierno sostiene que las críticas que ha generado el proyecto se deben a un desconocimiento de sus propósitos y alcances, pero la resistencia sigue creciendo sobre todo porque diversos sectores estiman que la iniciativa busca beneficiar a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).
El semanario El Espectador reveló que HRW presentará esta semana en Washington un informe según el cual el proyecto garantiza la impunidad por la que las AUC pagarán con su desmovilización y la devolución de tierras.
