La condena a muerte para 21 acusados por su implicación en la masacre del estadio de Port Said en febrero pasado actuó como un balde de combustible sobre la hoguera en que arde Egipto, inmerso en una gravísima crisis que se cobró al menos 31 vidas.
Los familiares de los detenidos y los seguidores del club de fútbol Al Masry reaccionaron con ira en Port Said (noreste) a la decisión de un tribunal penal de recomendar la pena de muerte para 21 de los acusados.
El juez ordenó trasladar sus expedientes ante el mufti (máxima autoridad religiosa del país), quien deberá emitir un dictamen, y el tribunal dará a conocer la sentencia definitiva el próximo 9 de marzo, al igual que contra los otros 52 acusados en este mismo caso, que seguirán detenidos.
Mientras en la sede de la Academia de Policía de El Cairo -paradójicamente en la misma sala donde se juzgó a Hosni Mubarak- las familias de las víctimas estallaban de júbilo, en Port Said una turbamulta se dirigía a la prisión para tratar de asaltarla.
Poco después comenzaron los disparos y el caos que acabaron con la vida de 31 personas y causaron heridas a más de 300, según el último balance de las autoridades.
A diferencia de otros episodios de violencia las armas de fuego hicieron rápida aparición en Port Said, como confirmó el director del departamento de hospitales de esa provincia, Abderrahman Farah.
El Ministerio del Interior acusó a algunas de las partes de utilizar armas pesadas en los diferentes ataques.
