El día que 43 estudiantes desaparecieron en este poblado del sur de México, la esposa del alcalde iba a dar un discurso público sobre los logros de un organismo del Gobierno local a dignatarios del lugar.
Que la esposa del mandatario local esté a cargo de una entidad del Gobierno puede ser normal. Pero en Iguala, civiles con aspecto de tipos rudos custodiaban cuando ofrecía sus palabras, a María de los Ángeles Pineda Villa, quien tiene familiares con presuntos vínculos con el narcotráfico en una ciudad donde funcionarios estatales y federales acusan a la Policía de estar infiltrada por bandas de narcotraficantes que patrullan sus calles.
En este ambiente explosivo, estudiantes de la Normal en Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros ubicada en una zona rural a 120 kilómetros, arribaron al lugar a recaudar dinero en autobuses que se habían tomado sin autorización. Eran conocidos por bloquear carreteras y, en algunos casos, por provocar algunos disturbios.
En el pasado, los estudiantes se habían negado a pagar las extorsiones que exige el grupo narcotraficante conocido como Guerreros Unidos.
Pero al menos 43 estudiantes nunca volvieron a casa después de que se desató la confrontación del 26 de septiembre que, además, dejó a seis personas muertas y más de 25 heridas.
Funcionarios están haciendo pruebas de ADN para determinar si los 28 cuerpos hallados en fosas comunes, recién excavadas cerca de una barriada pobre a las afueras de Iguala, corresponden a algunos de los estudiantes desaparecidos.
La posible masacre de los estudiantes, la mayoría jóvenes que no pasan de los 19 años, ha llamado la atención de un país que por años se ha acostumbrado a la corrupción policial y sobre la infiltración del narcotráfico en la Policía de Iguala.
Los hechos han llevado al presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete de seguridad a ordenar la atención de un caso que mancha de manera importante la imagen de estabilidad y mejora en los niveles de violencia que el Gobierno federal ha promovido en los dos años que lleva en el poder.
Ahora, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es fugitivo, se desconoce el paradero de su esposa y los funcionarios del estado han detenido a 22 agentes de policía de la ciudad.
La esposa, María de los Ángeles Pineda, es parte de una familia que ha tenido estrechos vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva, de acuerdo con Alejandro Encinas, senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, al que también pertenece Abarca.
“Se sabía de sus presuntos nexos con la delincuencia organizada”, dijo el senador Alejandro Encinas, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mismo de Abarca y su esposa.
El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo que los sospechosos declararon que 30 policías eran miembros de los “Guerreros Unidos”.
El procurador Blanco dijo que los policías presos niegan haber matado a alguien pero la parte trasera de sus camionetas tienen manchas de sangre. Un policía admitió que entregó al menos a 10 estudiantes que había arrestado a desconocidos.
Blanco dijo que la procuraduría detuvo a un presunto miembro de “Guerreros Unidos”, quien confesó haberse llevado a 17 de los estudiantes a una colina a las afueras de la ciudad “donde tenían fosas clandestinas”.
