La política de seguridad puesta en marcha por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, para enfrentar a la guerrilla y a los paramilitares, aumentó las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, denunció ayer las Naciones Unidas.
"El informe da cuenta de un aumento significativo de denuncias de violaciones atribuidas a miembros de la fuerza pública, en comparación con el año 2001", dijo Michael Fruhling, jefe en Colombia de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Muchas de estas conductas se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del nuevo gobierno, y en particular en aplicación de las normas del estado de conmoción interior declarado en agosto", precisó.
Pero el funcionario, al presentar el informe sobre derechos humanos en Colombia, país afectado por un conflicto interno de casi cuatro décadas que dejó 40,000 muertos en los últimos 10 años, no suministró cifras sobre los casos de violaciones en los que estarían implicados miembros de las Fuerzas Armadas.
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