El primer ministro de Kosovo, Bajram Rexhepi, criticó ayer al presidente de la provincia, Ibrahim Rugova, por haber entablado el diálogo con las autoridades de Serbia sin el previo consenso interno entre los albanokosovares.
"El viaje de la delegación de Kosovo a Viena sin un consenso interno puede ocasionar nuevas tensiones políticas e institucionales", advirtió Rexhepi.
El diálogo entre Belgrado y Pristina, primero desde el fin de la guerra en 1999, se abrió el martes en Viena, en una reunión en la que Kosovo estuvo representado por Rugova, el presidente del Parlamento, Nexhat Daci, y el jefe de la misión de la ONU para la administración de la provincia (UNMIK), Harri Holkeri.
El director del servicio secreto (DAS), Jorge Noguera, aseguró que aunque no se ha establecido plenamente la autoría del hecho, una de las hipótesis apunta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La explosión estremeció construcciones aledañas y causó algunos daños materiales en el edificio de FEDEGAN, que a la hora del atentado estaba ocupado por la mayoría de sus 80 empleados.
Al condenar el ataque, que atribuyó al terrorismo, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (17,000 dólares) por información que conduzca a los responsables.
"Tenemos que estar alertas y saber que los grupos terroristas quieren atentar contra nuestra democracia", aseveró.
El ministro del Interior, Fernando Londoño, aseguró que el atentado tiene como fin sabotear un referendo gubernamental que será votado el 26 de octubre.
Visbal dijo haber recibido una llamada telefónica de Uribe, a quien manifestó que seguirá apoyando en su empeño por restablecer la seguridad.
El presidente Alvaro Uribe lamentó el atentado y señaló la necesidad de reforzar la seguridad de cara a la jornada electoral del 25 y el 26 de octubre.
Es un hecho "deplorable y da mucha tristeza los detalles que se han conocido hasta ahora, que espero, cuando esté más adelantada la investigación, la Policía los revele", declaró el mandatario a periodistas.
Las principales asociaciones patronales de Colombia exigieron de la fuerza pública “más resultados” para garantizar las libertades ciudadanas, tras lamentar el atentado de hoy.
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a las quince mayores asociaciones de empresarios de la producción y los servicios, manifestó “su enfático repudio” por el atentado contra el presidente de la FEDEGAN, Jorge Visbal.
El gremio señala en una declaración pública que se requiere una “mayor colaboración de la ciudadanía con la fuerza pública y más resultados de ésta en su papel para lograr la plena vigencia de las libertades ciudadanas”.
A diferencia de Honduras, donde el obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani realiza los trabajos de mediador entre el Gobierno y las pandillas, en El Salvador no se ha llegado a este punto.
El comisionado dijo que no se han dado casos de salvoconductos, como los que lleva a cabo Emiliani a favor de los mareros.
Luego de tres meses de lucha el presidente salvadoreño, Francisco Flores pudo sancionar la ley antimaras el pasado viernes, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la legislación especial, que sólo durará seis meses.
Según la ley las maras son agrupaciones de personas que alteran el orden público y atentan contra el decoro y las buenas costumbres. Son motivo de captura reunirse habitualmente; señalar territorio como propio y tener señas como comunicación o marcarse con tatuajes.
En declaraciones a “La Prensa Gráfica”, el subdirector de la PNC, Pedro González, descartó que con la ley la Policía inicie "una cacería de brujas".
Como quedó la reforma del Artículo 348, del Código Penal, "los que conformen pandillas denominadas maras, con el fin de provocar desórdenes o intimidación, serán sancionados con prisión de tres a cinco años".
Las reformas, también establecen pena de cárcel de cinco a ocho años, para los pandilleros que cometan delitos de robo, extorsión, lesión, privación de libertad, delitos sexuales o amenazas agravadas; y de ocho a 10 años, cuando cometan un homicidio agravado o un secuestro.
Desde el 23 de julio, la Policía y el Ejército ejecutan el "Plan Mano Dura" contra las pandillas, y ya han capturado a más de 3,000 mareros.
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