El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, vetó ayer por su alto costo un proyecto de ley que ataba las pensiones de los empleados públicos a la variación del salario de un trabajador activo, mientras su idea de crear un subsidio para los ancianos se diluía por falta de apoyo.
"Es deber primordial velar por el interés general", señaló Gutiérrez, en el texto del veto total remitido al unicameral parlamento de 100 miembros, en momentos que cientos de ancianos protestaban en las afueras del palacio presidencial.
La decisión de Gutiérrez detiene el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el parlamento y que preveía que ninguno de los 240,000 jubilados podría percibir un ingreso inferior al salario mínimo de un trabajador enrolado, actualmente en 135,62 dólares.
El proyecto hubiera representado un egreso anual de 198 millones de dólares para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organismo rector del sistema previsional estatal y que, tras años de dilapidación de recursos, enfrenta la sombra de la quiebra financiera.
El rubro se sumaría a los 527 millones de dólares que este año destinará para pensiones el IESS, que a mayo contaba con inversiones por 2.011 millones de dólares para enfrentar sus obligaciones presentes y futuras con sus pensionistas y 1.1 millones de afiliados.
Gutiérrez justificó su veto argumentando que debía resguardar la continuidad del sistema de seguro social, cuya quiebra podría arrastrar a la economía del país y trasladar sus obligaciones a las escuálidas arcas fiscales.
La pensión promedio de un jubilado en Ecuador es de 165,98 dólares, pero existen pensiones que bordean los 42 dólares.
A fin de acallar los clamores de los ancianos, Gutiérrez propuso al Parlamento elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13 % para financiar un subsidio monetario para los jubilados por unos 130 millones de dólares anuales.
La meta del subsidio sería equiparar los ingresos de los jubilados más pobres a 135,62 dólares, en línea con el proyecto del parlamento, que en anteriores ocasiones ha rechazado cualquier alza del IVA para cubrir requerimientos fiscales.
El proyecto no contempla ningún mecanismo para la revisión anual del piso fijo que se establecería, tal como aprobó el parlamento al enlazar las pensiones a los salarios de los trabajadores activos.
Los principales partidos políticos afirmaron que negarán el alza del IVA, que grava la transacción de bienes y servicios, ganándose a los empresarios que advirtieron que esta medida provocaría una recesión.
