El presidente de El Salvador, Francisco Flores, pedirá al Congreso que faculte al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García, para que pueda nombrar tribunales especiales para juzgar exclusivamente a pandilleros, informó ayer el mandatario.
Flores a la vez anunció reformas a la actual ley antipandillas, para garantizar su aplicación. "Le vamos a pedir a la Asamblea Legislativa que faculte al presidente de la Corte Suprema a designar tribunales en cada uno de los catorce departamentos del país, para manejar los procesos (judiciales) que se les sigue a los mareros" (pandilleros), dijo Flores a la prensa.
Según el gobernante, la solicitud a la Corte se hará en un afán de garantizar una pena de cárcel a los miembros de pandillas también llamadas "maras".
"Hemos detectado que algunos jueces no aplican la ley, porque tienen miedo de represalias que puedan tomar contra ellos los miembros de las pandillas y para resolver ese problema es que vamos a pedir eso a la Asamblea Legislativa", explicó Flores.
De acceder el Congreso, los jueces de los tribunales especiales tendrían asignados guardaespaldas permanentes para garantizar su seguridad. Dichos jueces también serán "especializados en profundidad", por medio de capacitaciones, en el tema de las pandillas, para que a través del conocimiento del tema "puedan tomar decisiones acertadas", remarcó Flores.
"Hay jueces que no conocen la gravedad y la magnitud de las maras que son organizaciones criminales", señaló el gobernante. Desde hace un par de semanas el presidente salvadoreño mantiene un enfrentamiento con la Corte, luego que los tribunales decidieron no aplicar a los pandilleros la ley antimaras y por ponerlos en libertad.
Muchos jueces del país han justificado su decisión de no aplicar la legislación antimaras, por considerar que contiene vacíos o riñe con la Constitución. No obstante, Flores aseguró que para evitar "ese problema", en el corto plazo enviará al Congreso reformas, que no detalló.
"Con la solución propuesta no habrá lugar para aquellos jueces que no quieran aplicar la ley antimaras", concluyó el gobernante. Desde el pasado 23 de julio y hasta el 5 de noviembre, la policía y el ejército en forma conjunta han logrado detener a 4.694 pandilleros en virtud de un plan de seguridad denominado "Mano Dura". De ese total 1,175 pandilleros han sido apresados al amparo de la ley antimaras, que entró en vigor el pasado 11 de octubre.
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