Presunto etarra declara ante la justicia

El presunto etarra, Jesús María Lariz Iriondo, detenido en Montevideo y cuya extradición solicita España, declaró ayer frente a la juez uruguaya Aida Vera y quedó a la espera de una resolución.
La magistrada interrogó a Lariz Iriondo sobre los delitos que se le imputan en España y dispuso que permanezca a su disposición en los calabozos del juzgado penal, mientras decide sobre los exhortos recibidos desde Madrid, señalaron fuentes policiales.
La juez tiene un plazo de hasta dos días para decidir si hay mérito para iniciar el proceso de extradición, en cuyo caso el presunto etarra quedará "detenido en depósito", o si por el contrario se dispone su libertad, agregaron las fuentes.
El español de origen vasco fue detenido el martes en Montevideo, donde trabajaba como cocinero en un restaurante de cocina vasca, a pedido del juez español, Baltazar Garzón, confirmó hoy el ministro del Interior de Uruguay, Guillermo Stirling.
Lariz Iriondo reside en Uruguay al menos desde 1992, año en que se detuvo a doce presuntos integrantes de ETA en Montevideo. El detenido está acusado por la Audiencia Nacional española, alto tribunal encargado de los delitos de terrorismo, de haber confeccionado junto con otros miembros de ETA un artefacto explosivo destinado a atentar en 1984 contra una patrulla de la Policía.
La bomba explotó anticipadamente sin causar víctimas. Según dijo ayer el ministro español de Interior, Angel Acebes, Jesús María Lariz Iriondo, era el máximo responsable de la banda terrorista en Uruguay y "uno de los más buscados en Iberoamérica".
No es la primera vez que la justicia española reclama a la uruguaya que Lariz Iriondo sea entregado para responder de delitos de terrorismo cometidos en España, ni tampoco la primera vez que es detenido en Uruguay por ese motivo.
En 1992 cayó, junto a otras 11 personas, en una redada policial en otro restaurante vasco de Montevideo, montado por un grupo de presuntos integrantes de ETA llegados a Uruguay después del fracaso de las conversaciones de Argel entre el Gobierno español y dirigentes de la banda terrorista.
España pidió la extradición de ocho de los integrantes del grupo por delitos de terrorismo, pero sólo obtuvo la de tres de ellos, los cuales fueron enviados a Madrid en agosto de 1994 en medio de los más graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad uruguayas y simpatizantes de ETA desde la recuperación de la democracia en Uruguay, en 1985.