Un juez argentino procesó a cinco militares acusados por la explosión de un polvorín del Ejército en la central provincia de Córdoba, que en 1995 mató a siete personas e hirió a otras 300, informaron hoy fuentes judiciales.
La causa está vinculada a un sonado caso de contrabando de armas a Ecuador y Croacia y los acusados mantendrán su libertad como presuntos autores de "estrago doloso agravado", según dictaminó el juez federal óscar Valentinuzzi.
El magistrado dispuso, además, un embargo de 200.000 pesos (313.000 dólares) a cada uno de los cinco procesados, entre ellos dos coroneles.
En un extenso dictamen, consideró que hay pruebas contra ellos por haber pretendido con el atentado borrar pruebas del caso de contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, cometido entre 1991 y 1995, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien está imputado aunque no procesado en estas actuaciones.
El 3 de noviembre de 1995, la explosión del polvorín de la estatal Fabricaciones Militares, administrada por el Ejército, arrasó con centenares de viviendas en la ciudad cordobesa de Río Tercero, de 343.000 habitantes, a 650 kilómetros de Buenos Aires.
El estallido del polvorín provocó una lluvia de proyectiles que obligó a evacuar a unos 19.000 pobladores y causó unas pérdidas calculadas en 25 millones de dólares por graves daños y destrozos.
Además de Menem, el ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, está imputado en la causa desde octubre pasado y deberá declarar ante el juez Valentinuzzi en una fecha aún no determinada.
En 2001, Menem estuvo seis meses detenido acusado de ser jefe de una asociación ilícita para el contrabando de armamento a Ecuador y Croacia, pero fue liberado por la Corte Suprema en medio de una polémica por la presunta fidelidad que le tenían varios de los miembros que por entonces formaban parte del alto tribunal.
Entre los imputados en la causa por la explosión del polvorín de la fábrica militar de Río Tercero están el ex director de la firma estatal Fabricaciones Militares coronel retirado Edberto González de la Vega y su ex director de Producción coronel retirado Carlos Franke.
En agosto pasado, Valentinuzzi ordenó al Gobierno argentino que indemnice a una familia de Río Tercero por los daños sufridos, fallo que sentó precedente para las más de 11.000 demandas de indemnizaciones presentadas por damnificados mientras se instruye la causa penal por la explosión.
Previamente, el juez había dictaminado que 150 demandas civiles de indemnización debían tener sentencia sin esperar a que hubiera definición en la causa penal.
