Con carisma y oportunismo, el economista neoliberal Amado Boudou logró seducir políticamente a la presidenta peronista Cristina Fernández y escaló posiciones en el gobierno hasta convertirse en su vicepresidente.
“Aimé” aspiraba a más, pero la máquina de fabricar billetes lo obnubiló, y sepultó una prometedora carrera política.
Boudou, un economista de 51 años, es procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública como partícipe de una maniobra junto a dos socios para apoderarse de la única impresora de papel moneda del país y luego beneficiarse con jugosos contratos con el Estado.
El juez federal Ariel Lijo dictaminó además un embargo por 200,000 pesos (unos $25,000) sobre los bienes del funcionario, según la resolución publicada en el sitio oficial del Poder Judicial.
Boudou es el primer vicepresidente en la historia del país procesado en el ejercicio de la función pública se expone a una condena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo del juez federal Ariel Lijo, el segundo que tuvo a su cargo esta delicada causa, afirma que existen pruebas contundentes que comprometen al vicepresidente.
El juez Lijo no le dictó la prisión preventiva a Boudou, quien así puede aguardar el juicio en libertad.
Sin embargo, el magistrado advirtió que podría disponer restricciones en sus movimientos si lo considerara necesario.
Según Lijo, el vicepresidente argentino, “conjuntamente con su socio y amigo, José María Núñez Carmona, y de forma desdoblada con división de funciones, hizo uso de su condición de alto funcionario público para adquirir el 70% de la calcográfica Ciccone, que luego contrataría con el Estado Nacional —al que él representaba y actualmente aún representa— para la impresión de papel moneda de curso legal”.
Tras conocerse el fallo, crecía la expectativa sobre la actitud que adoptaría la presidenta Cristina Fernández, respecto a su segundo en la línea sucesoria. Hasta el momento, la mandataria no se ha expresado sobre la causa Ciccone, aunque varios de sus funcionarios y aliados lo defendieron públicamente.
De acuerdo con la investigación de Lijo, los propietarios de Ciccone Calcográfica buscaron la ayuda de Boudou, tras decretarse la quiebra de la empresa a mediados de 2010.
En ese entonces ministro de Economía del primer gobierno de Fernández, Boudou tomó el control accionario de la empresa mediante testaferros, una maniobra que para el magistrado se encuadra en el delito de cohecho (sobornos).
Boudou, en cambio, proclama su inocencia y denuncia que es víctima de un complot pergeñado por grupos económicos poderosos que vieron amenazados sus intereses, a partir de las políticas populistas e intervencionistas del gobierno.
“Las acciones que se me imputan son falsas e intencionadas y tienen por objetivo sacarme de la vida pública, de erosionar la credibilidad de un gobierno y sobre todo que nunca más nadie se anime a desafiar poderes concentrados”, dijo Boudou en su declaración ante el juez Lijo.
