El cardenal-arzobispo de Boston (noreste), Bernard Law, en el centro de los escándalos de pedofilia que sacuden a la Iglesia Católica estadounidense, será promovido en junio a un puesto en el Vaticano, informó ayer el diario Boston Herald, citando responsables de la Iglesia. "Habrá una promoción a más tardar en junio", afirmó una fuente citada por el cotidiano.
Los responsables del Vaticano "intentan encontrarle un puesto. No quieren verlo en la picota", declaró otro responsable al diario, explicando que el papa Juan Pablo II, que convocó esta semana a los cardenales estadounidenses en Roma, "lo quiere de verdad".
La portavoz del cardenal Law, Donna Morrissey, se negó a comentar las informaciones del Boston Herald. "No tengo nada que agregar", declaró, asegurando que el arzobispo no daría ninguna información.
El cardenal es acusado de haber querido tapar los escándalos y de contentarse con cambiar de parroquia en parroquia a los sacerdotes implicados, como el ex cura John Geoghan, condenado en febrero pasado a 10 años de prisión por agresión sexual.
Interrogado a su partida de Roma el jueves sobre su posible renuncia, Law aseguró que durante la reunión eso no fue "jamás mencionado". El nombramiento de Law en el Vaticano tendría la ventaja de evitarle la humillación de una renuncia, según el Boston Herald.
Al hacer alusión al reciente ingreso al país de un arsenal de 3,000 fusiles AK-47 y cinco millones de balas, procedente de Nicaragua, Tapias dijo que "en algunas naciones los controles que deben verificar hacia dónde van las armas que venden, son muy laxos".
"Inclusive puede haber complicidad, porque no es tan fácil llegar a comprar un gran armamento de armas, y no se comprende cómo las autoridades de la nación que las vende no puedan confrontar con el gobierno destinatario si realmente van o no a ese sitio", precisó el oficial.
Tapias indicó que falsificar documentos y suplantar el destino final de las armas es un procedimiento muy utilizado por las mafias y los grupos ilegales, pero dijo que "hasta que no lleguemos a una investigación más profunda no se puede adelantar nada sobre el destino y la cantidad de armamento que ingresó".
Por otra parte, el procurador general encargado de Nicaragua, Francisco Fiallos, informó ayer, vía telefónica, a El Panamá América que esta instancia judicial no investiga el tráfico de armas a Colombia y en el que son señalados los estamentos policiales de su país y de Panamá.
De acuerdo con Fiallos, esa instancia no ha recibido solicitud para que inicie las investigaciones, porque todos los reportes que se manejan a nivel de la Policía Nacional y de otros estamentos ligados a las pesquisas, establecen que todos los trámites legales dentro de Nicaragua se cumplieron.
"Hasta el momento no hemos tenido mayor participación en este caso y hasta donde tengo entendido toda la información ha sido manejada por la Policía misma y Migración, pero lo que la Procuraduría conoce en estos momentos es lo que ha salido en los diarios", manifestó.
No obstante, indicó que de hacerse la petición por parte de las autoridades de su país, procederá a solicitar la información que sea necesaria a sus homólogos de Panamá. "Pero hasta el momento no hay ningún llamado para realizar investigaciones en ese sentido", dijo.
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