Decenas de policías y cerca de 20 manifestantes resultaron heridos después que unos 8,000 mineros marcharon por el centro de Varsovia, algunos enmascarados, y atacaron a la policía antimotines que respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y balas de goma.
“No tenemos nada que perder. Si nos despiden no tenemos adonde ir, y tengo que velar por dos hijos y una esposa”, dijo Piotr Wesoly, de 44 años, quien ha trabajado en una mina durante 26 años.
El jefe de la policía de Varsovia, Ryszard Siewierski, informó que cuatro manifestantes habían sido arrestados en tres horas de enfrentamientos. Habrá más arrestos después que la policía analice las cintas de vídeo de la protesta, indicó.
La violencia sirvió de recordatorio sobre la lucha que enfrenta el primer ministro Leszek Miller mientras busca eliminar paulatinamente los subsidios de la deficitaria industria estatal, como requiere la Unión Europea, a la que Polonia se unirá el año próximo.
El gobierno izquierdista de Miller, que recientemente ofreció 4,600 millones de dólares para sacar de problemas al sector minero, aseguró que se mantenía firme en sus planes de cerrar cuatro de las 23 minas administradas por la compañía estatal controladora del carbón, Kompania Weglowa.
“Estas protestas no cambiarán nuestra determinación de reestructurar el sector del carbón”, indicó la viceministra de Economía Irena Herbst en una conferencia de prensa que tuvo que ser reprogramada después que los mineros rodearon su departamento, destruyendo varias ventanas.
Los economistas creen que ningún otro sector de la industria polaca ha recibido tanta ayuda pública como el minero, industria insigne de Polonia antes de la caída del comunismo en 1989, aunque varios gobiernos cedieron a las presiones de los poderosos sindicatos de mineros.
La reestructuración, respaldada por préstamos del Banco Mundial, ha reducido empleos desde un máximo de 300,000, pero a expensas del aumento a 16% en la tasa de desempleo en la sureña región industrial de Silesia, que aún así está por debajo del promedio nacional.
Bajo la última reestructuración se prevé el recorte de 14,000 empleos, y los mineros amenazan con declararse en huelga si no se cumplen sus exigencias.
El jurista Jaime Jované señaló que su hermano acudió al Edificio Bolívar a entregar su despacho, sin embargo, se le quería impedir la entrada, tras argumentar el comisionado Sergio Espinosa que tenía instrucciones de Moscoso de no dejarlo entrar.
Indicó que se permitió subir a Jované, luego que Villalaz bajara y hablara con las unidades de seguridad.
Detalló que interpondrán acciones judiciales ante las autoridades correspondientes, pero primero cumplirán con una serie de pasos para evitar que sean rechazados.
Cuando se dio el traspaso, al lugar acudieron funcionarios de la Contraloría de la República, quienes levantaron un inventario del despacho que dejaba el catedrático.
En tanto, Jované, al ser interrogado sobre las acusaciones que le hizo la gobernante, respondió que desde que leyó “San Francisco” perdió el miedo y que ha insistido en los métodos cívicos y la no violencia.
Los empleados lanzaban consignas como la “Caja se respeta y no se vende, que restituyan a Jovane y abajo la ye...y las medidas impopulares”.
El separado director se alejó de la institución no en su acostumbrado 4X4 color chocolate, sino en un tradicional sedan y fuertemente custodiado por funcionarios y allegados a su persona.
En tanto, el presidente de la Junta Directiva, Erasmo Muñoz, amenazó con “sancionar” a los empleados de la CSS si insisten en desarrollar protestas y paro arbitrariamente.
Indicó que en todas partes del mundo cualquier llamado a huelga o paro debe seguir un procedimiento y si los empleados no lo cumplen serán sancionados.
Añadió que esperan el próximo lunes analizar la nueva propuesta de presupuesto que presentarán los técnicos de la CSS, con los ajustes necesarios para eliminar el déficit.
La nueva propuesta del presupuesto respetará los aumentos escalonados a los funcionarios del Seguro Social y las reservas de la entidad.
Por su parte, el nuevo Rolando Villalaz, pidió a la Policía Nacional no violar la autonomía de la institución ingresando a las instalaciones, porque estas acciones le impiden realizar adecuadamente su trabajo.
“Estoy haciendo un esfuerzo porque la situación no se salga de la mano y le pido a la Policía que coopere, que no me ponga en riesgo una situación muy difícil para mí”, sostuvo.
Villalaz, quien ayer asumió en propiedad el cargo, también hizo un llamado a los trabajadores para que realicen sus protestas, pero pacíficamente.
“Hay personas que quisieran que esta institución se paralizara y perdiera todo rasgo de autonomía y no puedo estar de acuerdo con esto”, sentenció. Sobre las protestas, el ministro de Salud, Fernando Gracia, advirtió que todo funcionario de la CSS que ponga en peligro la salud de los asegurados por realizar protestas, podría ser despidido.
Señaló que el reglamento de la institución es claro y los funcionarios tienen el deber de cumplir con su trabajo, y no poner en peligro el funcionamiento de los servicios de salud.
De igual forma, el rector de la Universidad de Panamá, Julio Vallarino, ordenó la suspensión de las clases en este centro de estudios en el día de hoy. Aclaró que las actividades administrativas se desarrollarán normalmente. Por su parte, el presidente de la Asociación Médica Nacional, Rafael Aparicio, indicó que se mantienen en sesión permanente para evaluar la situación que se está dando en la CSS.
Añadió que cualquier medida de paro o huelga será sometida a la Comisión Médica Negociadora Nacional.
Denunció la violación a la autonomía del Complejo Hospitalario por parte de la Policía, la cual incluso ingresó a los pisos de hospitalización.
En tanto, la Defensoría del Pueblo hizo una inspección en el Complejo Metropolitano de la CSS, donde el subdirector médico, Edgar Sagel, denunció que policías rompieron los vidrios de las oficinas del Departamento de Transporte para arrestar a unos 15 funcionarios.
El subdirector acusó a las unidades de usar gas lacrimógeno, el cual afectó principalmente a pacientes que padecen enfermedades respiratorias.
El presidente del Partido Popular, Rubén Arosemena, pidió ayer al Ejecutivo que reintegre en su puesto a Jovane para que termine su periodo.
Exigió al Gobierno no continuar con la “perjudicial” transacción de venderle bonos de la República a la CSS, puesto que le resta liquidez y no le garantiza los rendimientos esperados.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Partido Solidaridad, Abraham Martínez, condenó la violencia y la represión contra estudiantes y trabajadores que protestaron ayer contra la destitución del profesor Juan Jovane.
Exhortó a las autoridades a no promover la privatización de los servicios que brinda la institución y continuar los esfuerzos en el Diálogo Nacional por el Seguro Social para buscar una salida a la crisis que vive la entidad.
En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Exportadores, Guillermo Villarreal, señaló que apoyan la remoción de Jované con la finalidad de encontrar una salida dialogada al problema de la entidad y rechazó las protestas y actos de violencia espontáneos que suscitaron.
Por otra parte, representantes de grupos empresariales del país expresaron ayer su preocupación por las pérdidas económicas millonarias, que han podido causar los violentos enfrentamientos callejeros.
De acuerdo con el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pacífico Plata, cualquier manifestación afecta económicamente al país y lo único que se logra es el desasosiego, y esta protesta no es la excepción.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, John Bennet, sostuvo que con estas pérdidas los más afectados serán los que menos tienen. "Es lamentable lo que ocurre, por lo que en estos momentos creemos que hay que continuar es la mesa del diálogo buscando la solución al problema".
De igual forma, la vicepresidenta del CoNEP, Digna Donado, sostuvo que la situación de la CSS es tan grave que el déficit existente aumenta en un millón quinientos mil balboas diarios, es decir cuatrocientos millones de balboas por año, por la ausencia de acciones concretas que resuelvan esta situación.
