La ley de inmigración de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, entró en vigor sin sus cláusulas más severas, mientras muchos negocios hispanos de Atlanta, cerraron sus puertas en una singular protesta contra la normativa.
A partir de la fecha, se convierte en un delito penalizado con hasta con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta $250.000 mil el utilizar documentos falsos para obtener un empleo en el estado.
Los activistas instaron a la comunidad inmigrante a no comprar, no vender y no acudir a sus trabajos.
