Organizaciones y ciudadanos, liderados por el Comité Panameño de la UICN, presentaron días atrás la agenda ambiental 2024-2029, la cual recoge propuestas en las que se plantean acciones estratégicas para lograr un desarrollo sostenible en Panamá.
El propósito apunta a encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad y la sostenibilidad ambiental promoviendo una colaboración activa entre la sociedad civil y el Estado.
Desde 2009, las organizaciones ambientales presentan quinquenalmente a los candidatos y nuevas autoridades las mayores prioridades para la gestión ambiental.
El ministro designado de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ya está al tanto de esta agenda.
Estas prioridades se basan en 10 puntos: agua, residuos, democracia ambiental y no impunidad, minería metálica, desarrollo sostenible, ordenamiento territorial, adaptación climática, ecosistemas naturales y biodiversidad, financiamiento, además de soberanía alimentaria y pesquerías responsables.
Con respecto al agua recuerdan la importancia de proteger y restaurar las zonas de recarga hídrica o en estado crítico por pérdida de cobertura boscosa, contaminación, así como humedales críticos para las comunidades y naturaleza, generando herramientas técnicas participativas necesarias para garantizar la calidad y cantidad del agua para consumo humano y otros usos.
En este sentido se deben apoyar y fortalecer las estructuras para la administración, uso y conservación del recurso, así como regular y fiscalizar el cumplimiento de los caudales ambientales.
El apartado de los residuos aboga por la ejecución de una gestión integral de desechos sólidos, bajo el concepto de basura cero, extendiendo la responsabilidad a todo el ciclo de producción y consumo, incluyendo programas de educación.
Otro de los puntos también resalta la importancia de producir inventarios, mapas y demás herramientas de monitoreo y vigilancia de la biodiversidad, en ecosistemas terrestres y acuáticos de Panamá, actualizando la información existente, para guiar las acciones de conservación.
La información que se obtenga deberá divulgarse y emplearse para educar sobre la importancia, valoración, uso racional y sostenible de la biodiversidad.
Asimismo recomiendan elaborar el plan de concesión de servicios y de administración en las áreas protegidas, contemplado en la Ley General de Ambiente e impulsar la formalización de dichas concesiones.
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