El director interino de ATF, Kenneth Melson, y el fiscal de Arizona, Dennis Burke, renunciaron a sus cargos como parte de una reorganización de la agencia tras el fracaso de la operación “Rápido y Furioso”, que en 2009 permitió el trasiego ilegal de unas 2,000 armas a territorio mexicano.
Melson, director interino de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su sigla en inglés) desde 2009, será reemplazado por el fiscal de Minesota, B. Todd Jones, informó el Departamento de Justicia.
Sin muchas explicaciones, Burke, fiscal de Arizona desde 2009, presentó su renuncia en una carta al presidente Barack Obama, en la que argumenta que es el “momento adecuado” de hacerlo para que la fiscalía continúe avanzando “bajo nuevo liderazgo”.
La oficina de Burke dio asesoría legal a ATF en la operación “Rápido y Furioso”, que permitió el traslado ilegal de armas a México entre 2009 y 2010 y causó fricciones en la agenda bilateral.
A partir de hoy, Melson será asesor de alto rango en asuntos forenses de la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia, que no menciona en su comunicado la relación de este funcionario con la operación “Rápido y Furioso” ni especifica por qué ha sido trasladado a un puesto de menor visibilidad.
El secretario de Justicia y fiscal general de EE.UU., Eric Holder, aseguró que, con su vasta experiencia, Jones “será una influencia firme y segura que guíe a ATF en la misión de combatir el crimen violento”.
El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday, evitó comentar sobre los cambios en Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su sigla en inglés).
“Como parte de nuestra política, no comentamos sobre las investigaciones en curso.
Sin embargo, estamos siguiéndolas de cerca, tanto la que se realiza en el Capitolio como la que realiza el Ejecutivo”, afirmó Alday.
A raíz de la debacle de la ATF, varios líderes del Congreso habían pedido la cabeza de Melson, especialmente tras conocerse que este estuvo al tanto de la operación antes de lo que admitió en una audiencia en julio pasado.
El senador Charles Grassley y el legislador Darrel Issa, al frente de las investigaciones del Congreso, afirmaron en sendos comunicados que tanto el Departamento de Justicia como ATF aún deben explicaciones y la entrega de documentos sobre quién supo qué y cuándo.
Las renuncias y reorganización de ATF “son un paso en la dirección correcta” para frenar los daños que puedan causar la gente involucrada en esta “desastrosa estrategia”, dijo Grassley.
Según Issa, la operación “involucró a cargos más altos en el Departamento de Justicia” y esa entidad debe explicar el papel que estos jugaron en la “infame” operación.
