Menos del 1% de los casos investigados por desplazamiento forzado en Colombia ha llegado a una condena y si el país no adopta medidas para frenar los abusos contra quienes reclaman tierras, de los cuales al menos 21 han sido asesinados desde 2008, tales problemas se agravarán considerablemente, indicó Human Rights Watch.
El presidente Juan Manuel Santos “impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa, amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización.
“A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”, agregó Vivanco al presentar un informe titulado “El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de tierras en Colombia”.
De acuerdo con Human Rights Watch la violencia del conflicto armado interno colombiano ha provocado, solo en las tres últimas décadas, que unos 4.5 millones de personas abandonen sus tierras o unos seis millones de hectáreas. Colombia tiene en total de 114 millones de hectáreas. Como víctimas del desplazamiento forzado muchos de esos colombianos se han inscrito como reclamantes de sus terrenos en virtud de la llamada Ley de Víctimas, promulgada en junio de 2011.
