La proyectada reforma de la ley del aborto en España, que su jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, defendió como "equilibrada" pero muy criticada por la oposición, devuelve al país a una normativa más común en América Latina y más alejada de la Unión Europea.
El Ejecutivo de Rajoy aprobó hace ocho días un anteproyecto que restringe el aborto legal a los casos de violación de la mujer y riesgo para su salud física o psíquica que, de ser aprobado por el Legislativo, aboliría la ley de plazos en vigor desde 2010.
Su impulsor, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió en una entrevista al diario ABC de este viernes que se trata de la ley "más avanzada y progresista" de su Gobierno y se mostró convencido de que "tendrá continuidad" en otros países.
En cambio, para el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se pretende "cambiar una ley europea por una ley de la extrema derecha europea".
Buena parte de los Estados de la UE permiten a las mujeres abortar sin tener que esgrimir motivo alguno hasta un determinado momento de la gestación y, fuera de ese plazo, en ciertos supuestos como malformación del feto o riesgo para la madre.
En América Latina el aborto es ilegal en todos los casos en Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y la República Dominicana, y es libre, dentro de unos plazos, en Cuba, Uruguay y el distrito federal de México.
En el resto de países latinoamericanos, el aborto está despenalizado en determinadas circunstancias: Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia lo permiten sólo cuando pone en peligro la salud de la madre, y Brasil en esos casos y los de anencefalia (feto sin cerebro).
Colombia añade cualquier malformación grave del feto y los casos de violación, incesto o inseminación artificial no consentida, mientras Panamá y Argentina lo prevén en los supuestos de violación y riesgo para la salud de la madre, en línea con el borrador legal aprobado por el Gobierno español.
De hecho, la reforma promovida por Rajoy reduce los supuestos de aborto legal que preveía la ley aplicada en España entre 1985 y 2010, y que incluía también la malformación del feto, aunque dentro del gobernante Partido Popular no hay consenso total sobre esta exclusión.
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