Cinco exprisioneros de la cárcel de Guantánamo que llegaron a Uruguay en diciembre como refugiados firmaron hoy un convenio para reinsertarse en el país y desarmaron el campamento que durante 25 días habían montado frente a la embajada de Estados Unidos como señal de protesta.
"Estoy muy satisfecho. Hubo muy buena voluntad de todas las partes. Ahora se inicia otra etapa. Ellos pronto tendrán cada uno su vivienda y comenzarán a estudiar el idioma y a capacitarse para trabajar", dijo Christian Mirza, el representante del gobierno uruguayo que negoció con los refugiados.
Según los documentos firmados, los refugiados recibirán 15,000 pesos por mes (unos 566 dólares) provenientes de la cancillería uruguaya, una cifra que se incrementará de acuerdo con la cantidad de familiares que se radiquen en el futuro con ellos. Además, durante un año como mínimo y con un máximo de dos, el gobierno arrendará una vivienda para cada uno.
Los exprisioneros protestaban porque querían acceder a una vivienda individual, ya que todos compartían el mismo techo, y sostenían que con 15,000 pesos por mes no podían mantenerse en Uruguay.
"Las inquietudes que planteaban mis representados fueron contempladas", dijo a la AP el abogado Mauricio Pígola, que representaba a los refugiados.
El convenio, que consta de un documento principal y dos anexos, fue firmado por el tunecino Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy y los sirios Alí Shabaan, Abd al-Hadi Faraj y Ahmed Adnan Ahjam. El palestino Mohammed Tahamatan, que no participó de la protesta y que ya había firmado el documento original que sus compañeros se negaban a rubricar por considerarlo insuficiente, también firmó el nuevo acuerdo.
En cambio, el sirio Jihad Diyab, que debe desplazarse con muletas por dificultades que arrastra de su cautiverio, declinó firmar el documento, dijo Pígola.
El acuerdo tendrá vigencia por un año, con opción a dos, y los fondos que repartirá saldrán del presupuesto de la cancillería uruguaya. Será monitoreado por el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU), una ONG que oficia como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Uruguay.
Los seis presos fueron liberados en diciembre de la cárcel de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, luego de casi 13 años de detención y sin haber sido nunca juzgados.
El entonces presidente José Mujica los recibió en lo que definió como un "gesto humanitario" de Uruguay.
Al iniciar su protesta, los manifestantes señalaron que Washington tiene la obligación de ayudarlos porque los encarceló por mucho tiempo sin acusarlos formalmente ni juzgarlos por delito alguno, y que el gobierno uruguayo les había hecho promesas que no había cumplido.
"Todos los que salieron de Guantánamo recibieron lo básico para poder rehacer su vida, incluyendo un lugar para vivir. A nosotros se nos dijo que pasaríamos unas semanas en un hotel y luego nos darían una casa", dijo entonces a la AP Alí Shabaan. "Pero llevamos cinco meses hablando y no nos han dado nada".
El presidente Tabaré Vázquez, antes del inicio de la protesta, manifestó que Washington debería mantener a los seis refugiados. "Uruguay les dio un asilo, pero es el gobierno de los Estados Unidos el que debe proporcionar todos los medios para que la vida de esos ciudadanos de otros países sea digna en nuestro país", declaró.
