El relator especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales, Philip Alston, afirmó hoy que estas prácticas son comunes en Brasil y afirmó que este país debe emprender "acciones urgentes" para garantizar el respeto a los derechos humanos.
"El pueblo brasileño no luchó contra una dictadura militar y adoptó una constitución dedicada al respeto a los derechos humanos para permitir que policías maten impunemente en nombre de la seguridad", afirmó Alston en una rueda de prensa en Brasilia.
El funcionario hizo hoy un balance de su visita de once días a Brasil, en la que recibió numerosas denuncias de abusos de autoridades y asesinatos cometidos por agentes del Estado.
La ONU divulgará en marzo un informe final con recomendaciones al Estado brasileño sobre el tema, elaborado a partir de entrevistas con familiares de víctimas, jefes de cuerpos policiales, fiscales y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Entre las ocho medidas que serán recomendadas en el informe final de Alston se incluye la necesidad de más inversiones en la formación y remuneración de policías.
"La falta de orgullo profesional incentiva a los policías a entrar en la corrupción y formar grupos de exterminio y milicias", dijo Alston, citado por la estatal Agencia Brasil de noticias.
También pidió mayores investigaciones de asesinatos cometidos por policías y una actuación más efectiva de divisiones disciplinarias internas de los cuerpos policiales.
Los asesinatos cometidos por los policías son de inmediato clasificados como "actos de resistencia" o "resistencia seguida de muerte", pero no son más que "eufemismos para ejecuciones extrajudiciales", afirmó.
Solamente en el primer semestre de este año la Policía Civil registró 694 casos de este tipo.
En Brasil hay en general una baja tasa de castigo judicial a los asesinatos policiales. En Río de Janeiro y Sao Paulo sólo diez por ciento de los casos son llevados a juicio, mientras que en el estado de Pernambuco (noreste) sólo llega el tres por ciento a los tribunales, dijo.
Alston también recomendó reforzar la presencia del Ministerio Público en la investigación de ejecuciones cometidas por policías y perfeccionar un programa de protección a testigos.
El funcionario criticó particularmente las acciones de los cuerpos de seguridad de Río de Janeiro, que este año han ampliado el número de muertos civiles durante operaciones policiales en los barrios pobres.
"Aunque todos fueran criminales no se justifican las ejecuciones. La respuesta adecuada es la prisión, no la ejecución", argumentó.
Alston cuestionó duramente una operación policial con 1.300 efectivos que el 27 de junio pasado terminó con la muerte de 19 personas en el llamado Complejo del Alemán, una de las más peligrosas barriadas de Río, controlada por bandas de narcotraficantes.
Según denuncias de habitantes de esta favela y recogidas por el ministerio público, muchas de esas personas fueron ejecutadas por policías con tiros a quema ropa.
"Acciones como esa son una buena manera de crear odio y resentimiento", afirmó Alston.
