El fin de las vacaciones judiciales venezolanas vuelve a colocar en primer plano las denuncias presentadas en el Tribunal Supremo contra el presidente Hugo Chávez con el propósito de quitarle el poder por la vía judicial.
Las posibilidades de alcanzar ese objetivo, que parecían remotas, aumentaron a mediados de agosto pasado, cuando el Supremo decidió, contra la opinión del Gobierno, que cuatro altos oficiales que participaron el golpe de Estado de abril no incurrieron en el delito de rebelión.
La sentencia, aprobada por 11 votos a favor y ocho abstenciones, reveló que por primera vez los sectores que rechazan a Chávez eran mayoría en el máximo tribunal.
Representantes de la oposición señalaron que el momento es propicio para tratar de acelerar los procesos contra el gobernante para aprovechar esa correlación de fuerzas favorable a sus intereses.
La urgencia se ve acrecentada por la próxima discusión en la Asamblea Nacional de una nueva ley que obligaría a renovar la composición del Supremo, compuesto por 20 magistrados.
222El efecto de las vacaciones en las tendencias que luchan por imponerse dentro del Supremo se revelará en los próximos días.
La misión mediadora de la OEA, la ONU y el Centro Carter, que visitó Venezuela la semana pasada, consideró de "imperiosa necesidad" legitimar al Tribunal Supremo.
Aunque hace un mes las crisis internas en el oficialismo le habían hecho perder la mayoría en el Supremo, la situación podría haber variado desde entonces, según la prensa caraqueña.
El diario "El Universal" señala que los sectores pro gubernamentales habrían aprovechado las vacaciones para maniobrar y "reducir el grupo de 10 que estarían dispuestos a sentenciar contra el presidente".
Aunque teóricamente la independencia de los poderes públicos está consagrada por la Constitución, en la práctica no han podido sustraerse a la influencia de la política, tanto en la selección de los magistrados como en decisiones que pueden ser determinantes para la gobernabilidad del país.
