Sin embargo, los allegados de Bush en el Partido Republicano son más escépticos. Bush dijo que las nuevas medidas buscaban recobrar "el control total de la frontera".
La promesa de un gran incremento en las patrullas fronterizas para el 2008, además de cercos de alta tecnología que utilizan cámaras infrarrojas y sensores de movimiento, tenía la intención de reconfortar a los conservadores que quieren pasos concretos para controlar el flujo de trabajadores ilegales.
Como esa necesidad es "urgente", el presidente Bush dijo que enviaría a 6, 000 tropas de la Guardia Nacional para dar apoyo inmediato a las patrullas fronterizas.
Las medidas recibieron el inmediato visto bueno de algunos republicanos de alto rango, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes Dennis Hastert, un republicano de Illinois.
Sin embargo, Bush también esperaba persuadir a republicanos rebeldes de que las reformas deberían incluir un programa de trabajo temporal que le de a los extranjeros el derecho de trabajar, y permitiendo a algunos de los 12 millones de inmigrantes ilegales un camino hacia la ciudadanía.
Insistió que esto no sería lo mismo que una amnistía. Pero varios republicanos no quedaron convencidos.
El gobernador de Wisconsin, Jim Doyle, dijo que es muy dudoso que el presidente Bush pueda convocar unilateralmente a las tropas de la Guardia Nacional para que cumplan una tarea interna tal como patrullar la frontera del país en busca de inmigrantes indocumentados.
Dana Rohrabacher, un republicano de California y uno de los principales críticos de la inmigración, afirmó que estaba "muy decepcionado" con el discurso.
El senador Richard Durbin, un demócrata de Illinois, señaló igualmente: "no necesitamos una solución militar para romper una traba política".
Con un mensaje coordinado y dirigido al ala conservadora de los republicanos en el Congreso y a la opinión pública, el Gobierno de Washington intenta aplacar las críticas sobre el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur y sobre la posible legalización de buena parte de los inmigrantes indocumentados en EU.
Consultado por EFE, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, aseguró que el despliegue militar no supone una "amenaza" para la cooperación que existe con México, porque a ambos países les interesa la integridad de la frontera común.
Entretanto, el Senado rechazó ayer un pedido para garantizar la seguridad fronteriza antes de emprender otras reformas migratorias, como la concesión de la ciudadanía a millones de indocumentados.
La votación, por 55 votos a favor y 40 en contra, es una victoria importante para el presidente Bush.
A su vez, el Gobierno mexicano amenazó con recurrirá ante la justicia ordinaria de EU si la Guardia Nacional se implica directamente en la detención de indocumentados, afirmó el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez.
Canadá dice haber recibido garantías de que Estados Unidos no enviará efectivos de la Guardia Nacional a su frontera, como piensa hacer en la frontera con México, indicó el portavoz canadiense, Rodney Moore.
Poca gente ingresa ilegalmente a EU desde Canadá. Se calcula que el 3% de los ingresos ilegales se producen desde este país.
