El clima de inseguridad que vive Guatemala ha obligado al Gobierno a sacar al Ejército a las calles, ha avivado de nuevo las exigencias para reactivar la aplicación de la pena de muerte, que no se cumple desde el año 2000, pese a existir 19 condenados a morir por inyección letal.
Dos dirigentes políticos de oposición, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), y Manuel Baldizón, del bloque parlamentario “Líder”, han atizado el fuego al demandar al presidente Álvaro Colom la aplicación inmediata de la pena capital a los criminales.
En mensajes difundidos en los medios de comunicación, Pérez, que aspira a competir por segunda vez en 2011 como candidato presidencial, exige a Colom que ante la gravedad de la violencia, se ponga al frente de las instituciones de seguridad y que no delegue esa responsabilidad en otros funcionarios.
Además, que implante estados de excepción (suspensión de garantías constitucionales) en áreas de alto riesgo y que se aplique la pena de muerte.
Baldizón, un disidente de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), exige también que ante “los salvajes actos de terrorismo e inseguridad, la aplicación inmediata de la pena de muerte a todo criminal”.
