El presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, reafirmó hoy que el Gobierno no ratificará la Convención Iberoamericana sobre Derechos de los jóvenes, pero anunció que propondrá al Parlamento una Ley que recoja sus derechos fundamentales.
Asimismo, dijo a la prensa que propondrá "reservas" de parte del país ante la Declaración que se firme en la XVIII Cumbre Iberoamericana, si incluye aspectos de la Convención que han sido señalados, o cualquier otro documento que los contemple.
El mandatario reafirmó que "todo aquello que atente contra la moral, todo aquello que atente contra el derecho que tienen los padres de orientar en todo aspecto a sus hijos, no será firmado por El Salvador".
La Convención, que fue promovida por la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), incluye derechos laborales, de educación y de salud, así como un capítulo relacionado con la sexualidad, donde defiende la libre orientación sexual, la elección de la pareja, el respeto a la familia y la privacidad en los servicios de salud.
El mandatario informó de que el Ejecutivo prepara una Ley interna sobre jóvenes en la que quieren "rescatar todo lo bueno de la Convención Iberoamericana y quitarle todo aquello que riñe con la ley, con la Constitución, con la moral y las buenas costumbres".
"Quiero aclararles que yo no he enviado a la Asamblea Legislativa la Convención Iberoamericana de la Juventud (para su ratificación), primero porque viola la Constitución de la República, eso es lo que ha determinado la Secretaría de Asuntos Jurídicos", expresó Saca.
La canciller salvadoreña, Marisol Argueta, y Saca anunciaron la semana pasada que el país no ratificará la Convención porque riñe con la Constitución, en aspectos referidos a la no aplicación de la pena de muerte a los jóvenes y el servicio militar obligatorio, así como con aspectos de tipo moral.
El presidente ha asegurado que comparte con la Iglesia Católica la negativa al aborto, mientras que en una enmienda constitucional, aprobada el año pasado, se estableció que los matrimonios sólo pueden ser permitidos entre personas de distinto sexo.
En El Salvador, desde hace más de tres décadas, fue abolida la pena de muerte, mientras que el servicio militar obligatorio, si bien está establecido en la Constitución, no está regido en ninguna ley secundaria y en la pasada guerra civil (1980-1992) fue aplicado sólo a las clases más humildes.
El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, ha insistido en que se revelen los documentos que van a ser firmados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Iberoamericana, a desarrollarse en San Salvador entre el 29 y 31 de octubre, y pedido al Gobierno que establezca reservas en puntos, que según él, atentan contra la moral.
Saca dijo "que no debe existir ningún temor" en la Iglesia Católica y aseguró que "la posición del Gobierno continua invariable".
Anunció que también ha pedido a la Canciller y a otros colaboradores cercanos a la organización de la Cumbre estar pendientes de los documentos para valorar si es necesario decretar reservas.
En recientes declaraciones el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, refutó los argumentos legales que ha expuesto el Gobierno para no firmar la Convención y calificó de "incoherente" la decisión, ya que el país es la sede de la Cumbre, dedicada al tema "Juventud y Desarrollo".
