El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Céren, dijo que cuatro magistrados de la Corte Suprema buscan "desestabilizar" al Ejército con su acusación de que algunos militares están posiblemente vinculados con amenazas de muerte que han recibido.
"Como comandante en jefe que soy de la Fuerza Armada, quiero defenderla porque se está afectando, se está calumniando" y "lo que se quiere es generar desestabilización", dijo el mandatario durante su programa de radio y televisión Gobernando con la Gente.
Estas declaraciones son en respuesta a la denuncia pública de los jueces de lo Constitucional de que han sido amenazados de muerte por grupos afines al Gobierno y al partido oficial, y que el miembros del Ejército han participado en las manifestaciones donde surgieron esas amenazas.
El presidente salvadoreño restó importancia a la denuncia de los jueces y aseguró que las manifestaciones en contra de estos obedecen a la "libertad de expresión y movilización" de los ciudadanos, sin desvincular a su administración y partido de las mismas.
"Este país es democrático, libre, donde (la población) se puede expresar y movilizar" y "no tiene que asustarles a los magistrados que se movilicen" en su contra, acotó el mandatario.
Remarcó que "no hay ninguna orden" para que los militares participen "en esas movilizaciones y que es una acusación que está basada en intenciones políticas".
El magistrado Rodolfo González denunció un supuesto vinculo de miembros del Ejército con las protestas y anunció que el lunes próximo llevarán ante la Fiscalía las pruebas de la utilización de bienes estatales en esas manifestaciones.
Detalló que parte de las pruebas son "fotografías y algunos reportes de las placas de los vehículos" que trasladan a los manifestantes y que están asignados al oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Congreso.
"Últimamente han aparecido pancartas en distintos pueblos y carreteras donde ya se nos amenaza a muerte", hay "mantas con nuestras caras y nuestros nombres que dicen 'muerte a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional'", aseguró el juez Florentin Meléndez a periodistas el pasado 6 de diciembre.
La Fiscalía anunció ese mismo día el inició una investigación por el supuesto acoso y amenazas de muerte.
El Gobierno y el FMLN acusan a los magistrados González, Meléndez, Belarmino Jaime y Sidney Blanco de "bloquear" las fuentes de financiación estatal y de generar una crisis de liquidez al Ejecutivo con sus sentencias.
Entre las resoluciones que cita el Gobierno se encuentran la que anuló la emisión de $900 millones en bonos y otra que ha frenado el incremento en el costo de la electricidad en un 13%.
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