El ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue imputado por la Fiscalía General por nueve delitos, entre ellos genocidio, al cumplirse el cuarto aniversario de las protestas, cuando murieron más de 63 personas, y provocaron su renuncia al gobierno.
El fiscal general, Mario Uribe, presentó a la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad sureña de Sucre, la imputación contra el ex mandatario (1993-1997 y 2002-2003), sus ministros del segundo período de gobierno y los jefes militares de aquella época.
El fiscal que investiga el caso, Milton Mendoza, explicó que los delitos por los que se acusa a Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos, pueden suponer una condena de hasta 25 años de prisión.
Lozada, de 77 años, que, según sus propias palabras, se encuentra en Estados Unidos como exiliado político, encara una acusación de genocidio.
"A nosotros nos dijeron que su estatus migratorio era información reservada", explicó el diplomático boliviano. "Si es así, esto no impediría su extradición", aseguró.
El diplomático cree que las declaraciones del ex presidente en medios de comunicación se deben a que "no le resultará fácil vivir en Estados Unidos".
