Este domingo es una fecha crucial para el Departamento de Santa Cruz (Bolivia), que decidió tomar las riendas de su destino promulgando un referéndum que le de autonomía a la región.
Carlos Dabdoub, secretario de la autonomía del Departamento de Santa Cruz, precisó a , que en el padrón electoral se estima que más de 930 mil personas asistirán al referéndum de mañana.
Panamá AméricaLas últimas encuestas, indican que el 72% de la población votará "SÍ" por la autonomía de Santa Cruz.
Dabdoub, aseguró que esta consulta popular será determinante para que otros departamentos se decidan a empujar la autonomía.
Aunque no se cuenta con el apoyo gubernamental para realizar esta consulta, la Corte Departamental de Elecciones otorgó una partida de 11 millones de bolivianos ($1.5 millones), para la realización de este proyecto.
Según el dirigente a favor de la autonomía, existen dos discursos sobre el tema: el primero de ellos que le pide a la población que salga a votar; y el segundo es el de la confrontación por parte del gobierno boliviano.
Observadores.
Dabdoub, precisó que debido a que el gobierno no acepta el referéndum, la cancillería no ha girado invitaciones a observadores internacionales y ONG’s.
Pero a pesar de ello habrá observadores que se encargarán de vigilar la transparencia del ejercicio ciudadano.
Gobierno preocupado.
La delegada del Gobierno de Bolivia en la región de Santa Cruz, Gabriela Montaño, dijo que, con el referéndum autonomista, la oposición lo que busca es fortalecer su posición.
"El más grave engaño (de la oposición) es empujar a la población a que apruebe un estatuto sólo para luego negociar su aplicabilidad", a pesar de que "saben de su ilegalidad", aseguró Montaño a EFE.
Para Montaño, "la oposición regional y partidaria", como se refiere a los impulsores del referéndum, lo que busca es provocar la "ingobernabilidad" de Bolivia.
Agregó que el "Gobierno no cuestiona el voto de la población como uno de los mecanismos de ejercer la democracia" sino "la legalidad del proceso" y "el contenido de los estatutos que fragmentan la institucionalidad del país".
El Ejecutivo, en reiteradas ocasiones, ha calificado la consulta de los cruceños como un mero sondeo de carácter secesionista y no vinculante, y por eso ha llamado a la población a no acudir a votar.
