El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó ayer que no habrá una "persecución" contra los civiles que fueron obligados o amenazados para que participaran en el conflicto armado de país.
"No se trata de ninguna manera de una persecución o, como algunos han dicho, de una cacería de brujas", dijo Santos en una alocución en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en referencia al acuerdo alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) acerca de la jurisdicción especial que se aplicará en el denominado periodo de posconflicto.
Esa jurisdicción especial se aplicará a los civiles que "quedan en medio del conflicto y algunas veces pueden cometer, con ocasión del conflicto, conductas que sean consideradas delitos", aseguró.
"Que quede muy claro, quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz", agregó.
Como parte del acuerdo entre el Gobierno y las Farc en el marco de los diálogos de paz se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de las negociaciones.
El sistema integral de justicia estará formado por cinco herramientas, entre ellas la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
