Nicaragua
- Juristas nicaragüenses desestimaron ayer que la demanda del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, contra el Pacto de Bogotá ante la Justicia de su país tenga algún efecto sobre el fallo de la CIJ que redefinió los límites entre Colombia y Nicaragua, y recomendaron a Bogotá modificar su Carta Magna para aplicar esa resolución. “Es una acción que nace muerta. La Convención de Viena sobre el derecho internacional es clara en que no se puede alegar una norma de carácter interno para violentar el cumplimiento de una resolución internacional”, dijo el jurista internacional y rector de la Universidad American College, Mauricio Herdocia. El único camino que le queda a Colombia es modificar su Constitución para cumplir con el derecho internacional, a juicio del especialista en el tema Norman Miranda. El experto mencionó que la acción de Santos podría no ser bien vista a nivel internacional, con el argumento de que un país que se pronuncia “en contra de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia amenaza la paz y la seguridad”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá para que ese tribunal se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre límites con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna.
Según Santos, “hay dos artículos de ese tratado que violan claramente una disposición de nuestra Constitución porque dicen que el país tiene que cambiar los límites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional”.
El tratado del Pacto de Bogotá, firmado en 1948, reconoce la jurisdicción de la CIJ y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 37 de 1962, según la Presidencia.
Sin embargo, el Gobierno lo ha cuestionado en los últimos meses a raíz del fallo del 19 de noviembre de 2012 por el que ese tribunal internacional redefinió los límites marítimos de Colombia con Nicaragua.
El pasado 28 de noviembre, 10 días después del fallo, el Gobierno comunicó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la decisión de retirarse del Pacto y así dejar de reconocer la jurisdicción de la CIJ, trámite de varios meses de duración.
A esa decisión se suma la de pedir que se declare la inconstitucionalidad de ese tratado, presentada ante la Corte colombiana.
Santos señaló que la Constitución colombiana ordena claramente que “cualquier modificación de nuestros límites, de nuestras fronteras, tiene que surtir un procedimiento: un tratado que tiene que aprobarse en el Congreso de la República”.
Eso quiere decir “que no puede aceptarse ningún cambio de nuestros límites, de nuestras fronteras, automáticamente en virtud de ningún fallo”, dijo el jefe de Estado al explicar la demanda presentada ante la Corte Constitucional, acompañado por sus ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
La decisión de denunciar la supuesta inconstitucionalidad del Pacto de Bogotá forma parte de la “estrategia integral” anunciada el lunes por el mandatario en respuesta al fallo de la CIJ que otorgó a Nicaragua derechos económicos sobre 75,000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe.
Santos dijo que dicho fallo es “inaplicable” si no se firma antes un tratado que garantice los derechos de los colombianos.
