Un año después del terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que a las 03:34 hora local del sábado 27 de febrero de 2010 estremeció Chile durante casi tres minutos, las secuelas sociales, políticas y económicas de aquella tragedia siguen a la vista.
El terremoto de Chile, que liberó una energía equivalente a 100,000 bombas de Hiroshima y está considerado el quinto más grande de la historia, dejó 524 muertos, 25 desaparecidos y 800,000 damnificados.
Las pérdidas materiales están evaluadas en $30,000 millones.
Además de 220,000 viviendas destruidas, sufrieron daños 1,500 kilómetros de carreteras, 4,500 escuelas, dos aeropuertos, 53 puertos, 56 hospitales y dos puentes.
Pero además de destruir los sueños de miles de familias, el cataclismo dejó al descubierto la profunda brecha social existente en uno de los países más avanzados de Latinoamérica.
A raíz del terremoto, el índice de pobreza aumentó un 3% (500,000 personas) y quedó en el 20% de la población total, mientras que el número de indigentes aumentó en 80,000, hasta 700,000.
La grieta abierta por el temblor también ha alcanzado el terreno político. Los dirigentes de la Concertación, coalición que gobernó Chile hasta marzo del año pasado, han criticado duramente la forma en que el presidente Sebastián Piñera está llevando a cabo la reconstrucción y no asistirán a los actos oficiales conmemorativos de la tragedia.
El propio presidente reconoció atrasos en el proceso, pero los atribuye a dificultades insalvables, y tacha de mala fe a la oposición.
“Yo sé que se ha tomado más tiempo de lo que la gente y nosotros quisiéramos.
