El Senado español aceptó ayer graduar e incluso detener la intervención del Gobierno central en la autonomía de Cataluña "si cesasen las causas que las motivan", en referencia a una vuelta a la legalidad constitucional.
Las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución han superado el penúltimo trámite en el Senado, antes de que sea aprobado en pleno el dictamen final.
Todo ello en una jornada maratoniana en la Cámara Alta, que ha reunido la comisión ad hoc creada expresamente para esta tramitación mientras desde Barcelona se sucedían las informaciones contradictorias sobre la intención del presidente catalán, Carles Puigdemont, de convocar o no las elecciones anticipadas.
Fuentes del Gobierno español han recordado a Puigdemont que no tiene que reclamar ninguna garantía para convocar elecciones y han lamentado que durante la jornada se haya intentado presionar al Ejecutivo central mientras se tramitaba en el Senado la aplicación del artículo 155.