La citada resolución, que de salir adelante se traduciría en una reprimenda formal por parte del Congreso, es una medida extrema que se aprobó sólo en una ocasión en la historia de EU, al emplearse contra el presidente Andrew Jackson en 1834.
La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los republicanos, que se apresuraron a desautorizar la medida y a pronosticar que está abocada al fracaso.
"La decisión del senador Feingold no sólo es perjudicial para los que luchan incansablemente para proteger a EU, sino que envía el mensaje equivocado a nuestros enemigos", aseguró en un comunicado emitido el domingo Tracey Schmitt, portavoz del Comité Nacional Republicano.
Por su parte, Bill Frist, líder de la mayoría republicana en el Senado, calificó la medida de "un loco movimiento político" que debilitará a EU en tiempos de guerra.
El diario "The New York Times" fue el primero en revelar en diciembre pasado la existencia del programa de escuchas, que prescinde de la autorización judicial preceptiva y cuya ejecución está a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
La citada agencia espía llamadas internacionales y correos electrónicos de residentes en EU sospechosos de terrorismo.
Grupos de defensa de los derechos humanos, la oposición demócrata y algunos republicanos han tachado el programa de ilegal.
Una ley de 1978 prohíbe las escuchas en territorio estadounidense a menos que cuenten con la autorización de un tribunal especial.
Bush argumenta que su autoridad como comandante en jefe y una autorización del Congreso del 2001 le otorgan el poder para llevar a cabo el programa, que comenzó poco después de los atentados de septiembre del 2001 en EU.
El audaz paso del senador de la oposición llega cuando John Conyers, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, aboga a favor de una legislación que pediría al Congreso que determine si existen motivos para emprender un proceso de destitución ("impeachment") contra Bush.
El "impeachment" es el mecanismo constitucional por el cual la Cámara de Representantes examina las denuncias que pueden justificar la destitución presidencial. Tras el examen, la Cámara decide si somete el asunto al Senado, que es finalmente el que decide.
George Bush volvió a la carga con sus discursos contra Irán.
