El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, presentó a la Corte Suprema de Justicia la petición oficial de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio y refugiado en EE.UU. desde que renunció en octubre de 2003.
La petición abre el proceso de demanda de extradición, que las autoridades de Bolivia deben formalizar ante las de Washington, según un comunicado de la Fiscalía General.
Sánchez de Lozada, dos veces elegido mandatario de Bolivia, está acusado de genocidio por 63 muertes ocurridas durante la represión de una ola de protestas que finalmente causó su renuncia el 17 de octubre de 2003.
El fiscal también demanda la extradición de los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague, que también huyeron a Estados Unidos y están acusados de complicidad en genocidio.
Las protestas populares de 2003, principalmente en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, se oponían a un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos utilizando puertos de Chile.
El proyecto estaba liderado por la empresa hispano-argentina Repsol YPF, en sociedad con las británicas British Gas y British Petroleum.
El juicio contra Sánchez de Lozada es alentado por el actual presidente boliviano, Evo Morales, que participó en las protestas de entonces y que en varias ocasiones ha pedido a Estados Unidos expulsar al ex gobernante.
Según el comunicado del fiscal general, la petición apela al tratado de extradición firmado por Bolivia y EE.UU. en junio de 1995 y ratificado en noviembre de 2006, que fue aplicado varias veces en demandas planteadas por autoridades estadounidenses.
La fiscalía explica que, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, el embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán, debe agilizar los trámites y pedir reciprocidad, en vista de los antecedentes sobre extraditados a ese país.
