El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió que revisará la legalidad del plan del presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de unos 5 millones de inmigrantes indocumentados y su decisión se espera para junio, cuando la campaña electoral habrá entrado en la recta final.
Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, el máximo tribunal del país anunció su intención de estudiar la apelación presentada por el gobierno de Obama para poder aplicar sus medidas migratorias, que debían haber entrado en vigor el año pasado.
Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.
Se espera que los jueces del Supremo escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a los candidatos presidenciales con miras a las elecciones de noviembre.
El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.
La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.
El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (Daca), cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes "dreamers" (soñadores) que llegaron a EE.UU. siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.
La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (Dapa), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión.
El gobierno de Obama, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó entonces una apelación ante el Supremo.
Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso especular sobre cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de las medidas si el Supremo las avala, pero sí recalcó que el Gobierno tiene "mucha confianza" en los argumentos legales que presentará ante el alto tribunal.
Activistas proinmigrantes dicen confiar en la Corte Suprema
Activistas proinmigrantes elogiaron a la Corte Suprema por aceptar revisar fallos de tribunales inferiores contrarios a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en beneficio de inmigrantes sin autorización y dijeron que esperan una decisión favorable.
La orden ejecutiva, que suspendería la deportación y otorgaría permisos de trabajo a ciertos inmigrantes sin autorización que tienen hijos estadounidenses, fue impugnada con éxito ante las cortes por 26 estados.
La Corte Suprema probablemente tomará una decisión a finales de junio, un mes antes de las convenciones de los partidos Demócrata y Republicano para designar sus candidatos presidenciales.
Kica Matos, representante de la red Movimiento para una Reforma Migratoria Justa, que agrupa a 45 organizaciones en 35 estados, dijo confiar que la Corte Suprema va a fallar en favor del gobierno de Obama.
“Mientras la batalla legal continúe y los republicanos sigan con su campaña antiinmigrante, tenemos que recordar que estas medidas tienen un costo humano.
