El presidente Alejandro Toledo promulgó ayer un decreto que abre el camino a los que cumplen condenas por el delito de traición a la patria, en virtud de sentencias de los tribunales militares, a solicitar ser juzgados nuevamente pero en el fuero civil.
La norma adecúa la situación jurídica de los sentenciados por delitos de terrorismo a una sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la tipificación del delito de traición a la patria y también que los tribunales militares juzguen a civiles.
Un vocero del Tribunal Constitucional dijo que en concordancia con ello, los cientos de procesados y condenados por terrorismo por cortes castrenses, durante la administración del ex presidente Alberto Fujimori, tienen abierta la opción a que se anulen sus sentencias para ser juzgados por el Poder Judicial. Aclaró que de ninguna manera la sentencia del TC y el decreto promulgado signfica dar libertad a los involucrados.
"En concordancia con la jurisprudencia de los organismos supranacionales en materia de derechos humanos, ha considerado inconstitucional que los tribunales militares juzguen a civiles, extendiéndose esta prohibición a los actos del delito de terrorismo y traición a la patria", señaló la sentencia del tribunal.
Por otra parte, el presidente Toledo, sancionó ayer varias leyes y endureció otras para fortalecer la seguridad pública del país, que sólo en la capital registra al menos 105 denuncias diarias de delitos.
"Esto será una política de tolerancia cero contra la delincuencia, terrorismo y el narcotráfico", dijo Toledo a periodistas en el Palacio de Gobierno tras firmar las leyes en presencia de jefes policiales y autoridades judiciales.
Lima, con 7.6 millones de habitantes, registra un promedio de 38,400 delitos al año sólo en el centro de la ciudad, de los cuales unos 12,200 son por robos y 830 por asesinatos, según un portavoz de la Municipalidad .
El presidente sancionó siete de 10 leyes aprobadas recientemente por el Congreso relacionados a la lucha contra el delito y algunas otorgan mayor fuerza a la intervención policial o accionar de los jueces.
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