Tolerancia a la explotación sexual de menores

EXISTE UNA tolerancia e indeferencia generalizada entre la población hacia la Explotación Sexual Comercial (ESC) de niños y adolescentes.
Este es el panorama en Panamá, pues hombres y mujeres de aquí son quienes explotan sexualmente a los menores.
Un estudio del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo sustenta.
El estudio, hecho entre 100 niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC y 200 personas adultas entre informantes, líderes, voluntarios y hasta autoridades de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, encontró intolerancia o indiferencia hacia la denuncia por parte de la comunidad.
Según la investigación, el 87% de los "clientes explotadores", son hombres y un 10% mujeres.
El 61% de estos "clientes explotadores" tiene entre 22 y 29 años de edad, además el 85% eran de nacionalidad panameña.
Las víctimas indicaron que los explotadores las buscaban principalmente en las calles, pero en un 38% de los casos existieron intermediarios entre las víctimas y el explotador.
El estudio reveló que a pesar que la ESC es un delito penal y una violación de los más elementales derechos de los niños, niñas y adolescentes, existe una tolerancia generalizada hacia este fenómeno de parte del resto de la población.
Una de las situaciones más desgarrantes es la situación familiar: el 49% vivía con su familia y el 51% con otra persona.
El 49% de las víctimas manifestó que las personas con las cuales vivían conocían a qué se dedicaban.
La mayoría de las menores fueron reclutadas entre los 9 y 14 años de edad, siendo el 43% inducido por un amigo o amiga y el resto por la pobreza y la ignorancia.
Otro grueso se fugó de su hogar por maltrato o abuso sexual, del que 20% declaró haberse iniciado en la drogadicción y el alcoholismo, sustenta el estudio.
La investigación identifica claramente situaciones relacionadas con el ambiente familiar que pueden poner a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo a la explotación sexual comercial, tales como la desintegración familiar, la pobreza, la marginalidad, la expulsión del niño o niña del hogar, la drogadicción y la violencia intrafamiliar.
Igualmente, el estudio señala que en definitiva la existencia de la demanda de parte de las personas adultas es la que crea y sostiene esta forma de explotación.
Por ello, la OIT-IPEC, como el Instituto de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, firmaron este viernes un manifiesto de los hombres centroamericanos en contra de la ESC, para sensibilizar a los hombres adultos.
"La explotación sexual es un delito que te puede llevar hasta la cárcel", es el mensaje que se desprende de la campaña de sensibilización elaborada para radio, prensa y televisión.
El lanzamiento se realizó este viernes en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
Es una campaña emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Relacionados con la Explotación Sexual Comercial (CONAPREDES) y el Consejo Nacional de Periodismo.
La procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien preside CONAPREDES, dijo al Panamá América que Panamá es signatario de una serie de compromisos internacionales que imponen al país obligaciones en el tema de la protección de la niñez y la adolescencia.
Agregó que con la aprobación el año pasado de la Ley 16, que dicta disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y la libertad sexual, Panamá ha cumplido con ese compromiso internacional.
Pero, advierte, en su aplicación, el Ministerio Público se ha podido percatar de que la incidencia de estos casos se mantiene y hay que hacer mucho más, no sólo por la penalización sino por la concienciación de la población.
De allí que CONAPREDES haya iniciado la campaña para capacitar a la población masculina sobre la explotación sexual comercial de menores de edad, sostiene.
La Organización Internacional del Trabajo y el Instituto del Trabajo (OIT-IPEC) apoyan esta campaña, que es regional, producida por creativos panameños, añadió la funcionaria.
La Explotación Sexual Comercial (ESC) es un delito y una forma de violencia sexual contra la niñez y la adolescencia que implica una violación severa de sus derechos humanos.
Son diversas las instituciones que atienden la problemática de la ESC.
En la Policía Técnica Judicial (PTJ), hay una sección especializada que atiende las denuncias, que pueden investigar de oficio o mediante querella, sobre todas las modalidades de explotación sexual.
El Código Penal establece la pornografía infantil, actividades sexuales o eróticas remuneradas que incluya cualquier tipo de relación sexual, turismo sexual, espectáculos sexuales que involucren a menores de edad y trata de personas menores de edad con el fin de utilizarlas en actividades sexuales.
Otra de las instituciones es el Ministerio de Desarrollo Social que además de atender a las víctimas en hogares especiales, recibe sus denuncias a través de la línea gratuita 147.
Zulima Fernández, directora nacional de Niñez, dijo que a través de la línea los adolescentes han denunciado que en sus comunidades hay adultos que les invitan participar en una especie de redes de explotación y también algunos familiares las ofrecen a cambio de dinero.
Añadió que en la Casa Hogar Tocumen hay 13 niñas víctimas de la ESC, que están recibiendo tratamiento y ayuda de parte de los psicólogos.
Marcelino Aguilar, de la Fiscalía Sexta de Delitos Sexuales, manifestó que este delito ha ido en aumento y la penalización puede ser de 8 años o más.
Corresponde a la población ayudar a combatirlo, presentando sus denuncias al teléfono 21-2232, o a la línea 147.
El sector Salud tiene como responsabilidad capacitar y sensibilizar al personal que trabaja en los centros de salud, a los adultos mayores y a los menores de edad.
Una labor importante se debe efectuar con los grupos de trabajo en los centros de salud y atender los casos de abuso sexual que se detecten.
Durante la atención se pueden identificar los indicadores de probabilidad como: infecciones de transmisión sexual, embarazos, abortos inducidos, evidencias físicas de agresión, violación vaginal o anal, fisuras o destrucción del esfínter anal, somnolencia, problemas de nutrición y evidencias clínicas de actividades sexuales inconsistentes con la edad.
También hay indicadores psicosociales como comportamiento autodestructivo, fugas del hogar, mutilación o tendencia suicida, manejo de cantidades de dinero, ropa u objetos que no corresponden a su situación económica, permanencia nocturna en lugares vinculados con la ESC, comportamiento y lenguaje sexualizados con pares y personas adultas.
Los educadores estar alerta y garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y promover la reinserción de aquellos que hayan abandonado los estudios, pues la exclusión los entrega a una situación de explotación, ya que el bajo nivel de escolaridad se convierte en un obstáculo para que puedan acceder a un nivel de vida apropiado.
Los maestros y profesores son el primer contacto; le corresponde escucharlos y mantenerlos informados sobre los procedimientos que se realizarán para protegerlos; deben evitar regañarlos o reclamarles, sino recordarles que están siendo víctimas y no son culpables de lo que sucede.
Además deben informar la situación al superior inmediato, solicitar ayuda de un profesional y denunciar penalmente la situación ante las autoridades correspondientes, pero sobre proteger a la víctima.