Decenas de camiones de carga continúan hoy, por segundo día consecutivo, un paro de labores en protesta por un impuesto de 10 centavos de dólar por galón de combustible que el Gobierno impondrá a partir de mañana.
El dinero será usado para otorgar un subsidio a más de 7.000 empresarios del transporte colectivo, pero éstos han rechazado que el impuesto también les incluya.
Los transportistas de carga iniciaron ayer la protesta estacionando algunos camiones y contenedores en las cercanías de la frontera con Guatemala conocida la Hachadura, sin obstaculizar el libre tránsito.
Fuentes policiales han informado de que cerca de una veintena de transportistas se sumaron hoy al paro en la frontera con Honduras conocida como El Poy, en el departamento norteño de Chalatenango, así como otra cantidad, no especificada, en la frontera El Amatillo.
Medios de prensa local han afirmado que, pese a que ayer se anunciaba el cierre de las fronteras, el tráfico de personas y mercadería se mantiene normal.
Ramón Medrano, un transportista que apoya el paro, dijo a la prensa que "la medida que se mantiene es para que el Gobierno vete ese decreto que afecta no sólo al transporte público, sino que al transporte de carga y al particular".
La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que establece un nuevo impuesto, de 0,10 dólares a cada galón (3,7 litros) de gasolina o diésel para el uso de particulares, con el fin de subsidiar a los empresarios del transporte público de pasajeros.
La medida entrará en vigor a partir de mañana y caducará el 31 de julio de 2009.
El decreto fue aprobado por solicitud del Ejecutivo, como resultado de las negociaciones con los empresarios del transporte de pasajeros, que habían amenazado al Gobierno con suspender el servicio a nivel nacional si no se les otorgaba un subsidio.
Diferentes sectores sociales han manifestado no estar conformes con la medida que podría significar un encarecimiento en los productos de la canasta básica.
Por su parte, las diferentes gremiales del transporte colectivo rechazan que el impuesto también les incluya y en un comunicado expresaron que durante la negociación "no se discutieron posibles fuentes de financiamiento, mucho menos que también nosotros tendríamos que asumir" el gravamen.
En el informe, publicado hoy en campos pagados, le dicen al presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, que "en sus manos está la decisión de vetar, observar o sancionar" el decreto legislativo.
