Organizaciones civiles argentinas se movilizarán hoy para tratar de impedir con medidas legales que los represores de la última dictadura reclamados por el juez español Baltasar Garzón queden libres. "Es una locura que los liberen", afirmó ayer a EFE el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Pro Derechos Humanos.
Yanzón se refería al hecho de que la decisión del Gobierno español de desistir de pedir su extradición elimina el motivo por el que están detenidos desde julio 39 integrantes o ex integrantes de las fuerzas de seguridad y un civil, a los que Garzón quería juzgar en España por delitos de lesa humanidad.
Representantes de organizaciones de derechos humanos resolvieron presentarse hoy en los tribunales para pedir al juez Rodolfo Canicoba Corral que no los deje libres y que haga los trámites necesarios para que se reabran las causas contra ellos, según dijo Yanzón.
Canicoba Corral, que ha recibido una petición de Garzón en el mismo sentido, insistió ayer en que no puede mantener detenidos a los represores después de que le llegue la comunicación oficial de que España no va a pedir su extradición. Aunque la comunicación demore, en cualquier caso el martes quedarían en libertad, pues ese día vence el plazo legal de 40 días que España tenía para hacer la solicitud.
Las organizaciones civiles pedirán a Canicoba que, como ya han sido anuladas las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían juzgarlos, "remita las partes de las actuaciones a los juzgados correspondientes para que se reabran las causas" contra los detenidos, señaló el abogado consultado por EFE.
De los 40 detenidos, hay varios, como los ex dictadores Jorge Videla y Eduardo Massera, que, en cualquier caso, seguirán presos pues tienen abiertas causas por delitos no incluidos en las leyes de perdón que fueron dictadas en la segunda mitad de los años 80 y anuladas este mes por el Parlamento argentino.
Además de representantes de organizaciones de derechos humanos hoy acudirán también a los tribunales seis supervivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro de detención ilegal de la dictadura, que han testificado ante Garzón en Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional española le pidió a su colega Canicoba Corral que tome como denuncia sus recientes pedidos de detención e inicie procesos judiciales a los 40 represores, para lo cual le ofreció toda la prueba contenida en el sumario español. Garzón le solicitó también a Canicoba que le notifique si no va a proceder judicialmente contra los detenidos, pues si es así volverá a reactivar el proceso de extradición.
Esta última medida tiene que ver con el hecho de que el Gobierno español decidió no solicitar la extradición por considerar que estaban dadas las condiciones para que los reclamados fueran juzgados en Argentina y en ese sentido también pidió a la justicia de este país que los mantenga privados de libertad mientras no haya un pronunciamiento de la Corte Suprema al respecto.
Como lo hizo el sábado Canicoba dijo ayer que no puede acceder a la petición de Garzón "en los términos" en que está planteada y que para seguir con las detenciones hay "todo un procedimiento que cumplir".
Carlos Slepoy, el abogado argentino al frente de la acusación popular en la causa que se sigue en España contra los violadores de los derechos humanos en Argentina, opinó ayer en declaraciones a una radio desde Madrid que Canicoba debe mantener detenidos a los 40 de la lista de Garzón no en virtud del pedido de extradición. El motivo debe ser que "estas personas han cometido gravísimos delitos y porque las leyes permiten su juzgamiento", dijo a Radio América.
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