Tres meses después de la mayor tragedia civil de la historia de Paraguay, los familiares lloran a sus muertos y se quejan por una investigación cargada de controversia, un proceso judicial que ha pasado ya por las manos de siete jueces instructores y la escasa ayuda oficial.
Lejos de las alrededor de 50,000 personas que se congregaron para dar su adiós a las víctimas una semana después de que el supermercado Ycuá Bolaños fuera arrasado por las llamas, apenas 200 familiares y amigos se reunieron ayer frente al edificio siniestrado para conmemorar la fecha del 1 de agosto.
Entre las quejas de los familiares está el curso procesal de una causa que ha cambiado siete veces de responsable y que ha acabado en un juzgado de Lambaré, municipio aledaño a Asunción, después de que todos los jueces de garantía (de instrucción) de la capital alegaran causas de inhibición.
La Fiscalía ha asegurado que el peregrinaje del caso por los juzgados no supone un problema para los investigadores, que tienen de plazo hasta el próximo 2 de diciembre para presentar la acusación formal contra las once personas que están imputadas en la causa.
En el siniestro fallecieron 344 personas y 21 permanecen desaparecidas, según cifras gubernamentales.
