Tribunal acepta demanda contra consulta popular

EL TRIBUNAL Constitucional (TC) de Ecuador aceptó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Congreso contra la consulta popular para una Asamblea Constituyente, convocada para el 15 de abril por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a propuesta del Gobierno.
La aceptación de la demanda añade un nuevo ingrediente a la confusa situación política del país, donde 57 diputados fueron destituidos por el TSE, a cuyo presidente, Jorge Acosta, sustituyó el martes el Congreso, medidas rechazadas por los afectados.
El pasado lunes, el Congreso presentó la demanda al TC, al considerar que el estatuto enviado por el Gobierno y ratificado por el organismo electoral para la realización de la consulta y la Asamblea Constituyente no respetaba el texto aprobado por el Legislativo sobre esta materia.
La demanda fue devuelta al Congreso por la Corte para que precisase algunos detalles formales y una vez devuelta, fue admitida a trámite.
El próximo 13 de marzo la demanda se sorteará entre las tres salas del Supremo y, la que corresponda, empezará a partir de esa fecha su estudio, que tiene diversos plazos y que debe durar, al menos, 45 días.
De este modo, la demanda se solventaría como pronto el 27 de abril, 12 días después de la consulta popular para la Asamblea Constituyente de plenos poderes y dos días después de que acabe el plazo para conocer los resultados oficiales de la consulta, con lo que no tendría efecto.
El presidente del TC, Santiago Velázquez, al anunciar que se había admitido la demanda, hizo también un llamado al "diálogo nacional que permita deponer actitudes de confrontación y alcanzar mínimos acuerdos que permitan hacer realidad la nueva visión que aspiramos para el país".
El legislador dijo también que el Congreso preparaba un juicio político contra los vocales del TSE que aprobaron la consulta, que fueron cuatro de los siete que componen el organismo electoral.
El martes, el Congreso sustituyo a Acosta, presidente del TSE, por su alterno, Alejandro Cepeda, una resolución no aceptada y considerada ilegal por el organismo electoral y el Gobierno.
La situación política en el país es de confrontación política e intercambio de acusaciones entre el Gobierno del presidente Correa y el TSE por un lado, y la mayoría del Congreso opuesta al Ejecutivo por el otro.
Hasta el momento, se mantiene la calma y se ha informado de dos incidentes: el atropello de una mujer por el automóvil de un diputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), que forma parte de la mayoría contraria al Gobierno, y un ataque de manifestantes contra otro legislador del mismo grupo, que no tuvo consecuencias graves.
Los legisladores destituidos por el TSE se reunieron en un hotel de Quito ante la imposibilidad de entrar en el Parlamento, acordonado por unos 350 policías, con orden de impedir su ingreso.
Pese a fuerte resguardo policial, la diputada Silka Sánchez, del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), intentó cruzar las vallas de seguridad y, cuando se lo impidieron, dijo que el jefe del Estado, Rafael Correa, "quiere actuar como dictador".
La cámara ecuatoriana está conformada por 100 diputados, más de la mitad fueron destituidos.
En la sesión de ayer sólo estaban presentes 28 funcionarios.
Decenas de manifestantes se congregaron frente al edificio del Legislativo para apoyar la destitución de los diputados y la Asamblea Constituyente de plenos poderes.