El Tribunal Constitucional español suspendió con carácter provisional e inmediato la resolución independentista aprobada por el Parlamento autónomo catalán, por lo que su contenido carece de validez.
Formalmente, el TC admitió a trámite el recurso presentado horas antes por el Gobierno español contra la moción independentista catalana, aunque el efecto es su suspensión durante un plazo máximo de cinco meses, tiempo en el que los magistrados debatirán y decidirán acerca de la constitucionalidad o no de ese texto secesionista.
El gobierno de Mariano Rajoy (PP, centroderecha) fue más allá y pidió al TC que advierta a una veintena de altos cargos de esa región que pueden ser suspendidos si no cumplen sus autos y sentencias.
Entre los cargos electos susceptibles de ser suspendidos están el presidente en funciones del Ejecutivo catalán, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, así como los miembros de Mesa de la Cámara y los del Gobierno autonómico.
De este modo, la Justicia zanja por el momento la iniciativa adoptada por el Parlamento catalán que pretende avanzar hacia una "república catalana", con 72 votos favorables de los 135 escaños de la Cámara.
Salió adelante con los 62 votos de Junts pel Sí (Juntos por el Sí) -grupo del presidente catalán, Artur Mas- y los diez de la CUP (radicales de izquierda).
La moción incluye una mención expresa a que sus promotores no respetarán las decisiones que adopte en el futuro el TC, lo que se vincula con la reforma legal del funcionamiento del Tribunal Constitucional, aprobada el pasado mes, que establece "un régimen específico para los supuestos de incumplimiento" de sus resoluciones.
Así, el TC podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la nación, aún en funciones, la ejecución sustitutoria.
Tras la reunión del Gobierno, compareció ante la prensa el presidente Mariano Rajoy, quien afirmó que "cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia" y recalcó que defenderá "con firmeza" el respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación.
Rajoy reconoció que desearía una "rectificación" por parte de los líderes políticos catalanes que han protagonizado el proceso soberanista y que están "quebrando todo".
Sobre un eventual diálogo para desbloquear la situación, el presidente del Gobierno español insistió en que está dispuesto a hablar "de lo que sea" con unas líneas rojas: la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y el cumplimiento de la ley que obliga a todos, también a los dirigentes de la Generalitat (Gobierno regional).
Este contencioso político, que se mantiene desde hace más de un año, se ha recrudecido a pocas semanas de las elecciones generales, convocadas para el 20 de diciembre.
Separación
- El Parlamento de Cataluña aprobó un plan para comenzar a bosquejar el rumbo hacia su independencia de España en 2017, una iniciativa que supone un desafío al Gobierno central español, que la considera inconstitucional.
- La Cámara aprobó la propuesta secesionista por 72 votos a favor frente a 63 en contra. La iniciativa independentista fue presentada por los diputados de la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y del partido de extrema izquierda Candidatura de Unidad Popular (CUP). En conjunto, las dos formaciones lograron una mayoría parlamentaria en las elecciones regionales de septiembre; la moción aprobada por el Parlamento en su primera sesión, tras las elecciones, declara "el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República''. Unos aplaudieron, mientras que otros rechazaron la decisión.
