La sentencia, aprobada por unanimidad por un panel de tres jueces, según informó el servicio de noticias israelí Ynet, es la última de una serie de decisiones judiciales en un pulso entre el Estado y la corte suprema, que ordenó en 2006 la demolición de las 58 viviendas (2 permanentes y el resto caravanas) que forman Migrón.
Tras varias solicitudes de aplazamiento, el Supremo fijó el verano pasado el 30 de marzo como fecha límite para vaciar la colonia, ilegal para la legislación israelí (para la ley internacional todas lo son).
El Ejecutivo, sin embargo, trató de negociar una salida con los colonos, a los que propuso no evacuarlos hasta que finalizase la construcción de un nuevo asentamiento en una colina cercana a la que serían trasladados sus alrededor de 150 habitantes, previsiblemente en el año 2015.
Tras diversas reticencias, los colonos aceptaron ese pacto, que hoy rechazó tajantemente el Supremo, que ordenó que la colonia sea evacuada antes del próximo 1 de agosto.
"Nadie está autorizado para permitir el establecimiento de un asentamiento en tierra privada", sentenció el tribunal, cuyo presidente, Asher Grunis, señaló que las sentencias de la corte son de cumplimiento obligado, no voluntario.
El abogado de los palestinos propietarios de la tierra, Michael Sfard, declaró a Ynet que "hoy, la corte ha dejado claro a las autoridades que nadie, incluidos el gobierno y los colonos, está por encima de la ley".
La ONG israelí Paz Ahora (Shalom Ajshav), fue muy dura con el pacto alcanzado con los colonos que la corte rechazó hoy, al entender que suponía un premio a los colonos por su comportamiento ilegal, además de el primer caso en veinte años en que se aprueba la construcción de un nuevo asentamiento profundamente adentrado en Cisjordania.
