Un tribunal de Uruguay confirmó la extradición de seis ex militares uruguayos a Argentina por su presunta participación en el Plan Cóndor de eliminación de opositores políticos, informaron hoy medios de prensa.
El Tribunal de Apelaciones para lo Penal número 2 ratificó el otorgamiento de la extradición solicitada por Argentina a los oficiales retirados José Arab, Gilverto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Ricardo Medina y José Gavazzo.
Estos ex militares están acusados de tomar parte en el Plan Cóndor orquestado por varias dictaduras latinoamericanas, entre ellas la que regía entonces en Argentina, para suprimir la oposición política y eliminar a los disidentes.
En concreto son acusados de "haber tomado parte en la concertación de un acuerdo criminal destinado y dedicado a la comisión de ilícitos" y "la desaparición forzada" en suelo argentino, señalaron fuentes judiciales a medios de prensa.
La extradición a Argentina de los seis ex militares podrá hacerse efectiva una vez que los acusados cumplan con la condena que les puede ser impuesta en Uruguay.
En este país están procesados por su presunta intervención, junto a dos ex policías, en la desaparición de Adalberto Soba, militante de izquierdas uruguayo, en septiembre de 1976, cuando se encontraba en Argentina.
Este caso, al igual que otros similares, quedó excluido de la Ley de Caducidad uruguaya según una resolución de excepción que entendía que, al tratarse de desapariciones forzosas ocurridas fuera de Uruguay, tiene vigencia la Ley Penal Extranjera.
La Ley de Caducidad dejó en 1986 fuera del alcance de la Justicia a numerosos militares implicados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
El procesamiento en Montevideo en 2006 de estos seis ex militares también reclamados por la Justicia argentina fue la primera decisión judicial en ese sentido desde que Uruguay recuperó en 1985 la democracia.
Estas personas pueden apelar ante la Suprema Corte de Justicia en relación a la confirmación de su extradición a Argentina.
El Tribunal de Apelaciones estableció que la solicitud de extradición cumplió con las formalidades demandadas y subrayó que los hechos de que son acusados esos ex oficiales ocurrieron en el país vecino, por lo que la Justicia argentina tiene todo el derecho a intervenir.
No obstante, determinó que los acusados no podrán ser juzgados en Argentina por la desaparición de Soba, pues por este caso están siendo procesados en Uruguay.
